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Alcaldesa de Chihuahua se dice perseguida por el gobierno estatal

La presidenta municipal de Chihuahua,  Maru Campos Galván, dijo que existe una persecución política en su contra disfrazada de investigación por parte del Gobierno del Estado, misma que sólo busca desacreditarla y vincularla de los llamados “Expedientes X”, como parte de la guerra sucia en su contra.

Lo anterior señaló durante la presentación de pruebas, en donde la directora del Registro Civil del gobierno del estado, Inés Martínez, buscó a un excolaborador de la funcionaria, que ahora vive en la Ciudad de México, para ser entrevistado por ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción.

También dijo que existe una falta de elementos para poder demostrarle acusación alguna, por lo que se le ha presionado por todos los medios posibles para construir mentiras que la perjudiquen.

La alcaldesa presentó mensajes y llamadas entre un excolaborador y ella, que radica en la Ciudad de Mexico, donde se buscaba información de la edil, ademas de que se iniciaron investigaciones contra el excolaborador y sus familiares. 

«Y ahora están buscando en todos lados, intentando construir delitos hurgando en mis compras, en mis tarjetas, en los viajes, mis doctores, incluso donde paso navidades o hasta donde me peino». 

«Y digo esto porque yo sí tengo las pruebas de esta persecución personal y política, a la que parece que le dedican más recursos y entusiasmo que al problema del COVID, la seguridad o la economía de los chihuahuenses, esas no son sus prioridades», expresó en conferencia de prensa. 

Asimismo, la alcaldesa manifestó que las acusaciones en su contra obedecen más a un tema político y personal y así quedó demostrado con la reacción beligerante que el gobernador Javier Corral Jurado ha tenido en su contra, pues a cinco meses de las declaraciones que hizo en las que la vincula con la operación justicia, no hay avances en las investigaciones.

Para concluir el mensaje, la alcaldesa señaló que la Fiscalía Anticorrupción está trabajando por consigna y en la ilegalidad, puesta al servicio del poder Ejecutivo, así como las presiones y la eventual construcción de pruebas hacen muy evidente que se trata de una maniobra para inculparla.

“Hago responsable a Carlos Olson San Vicente, a Carlos Esparza Zamarripa, a Inés Martínez, a la Fiscalía Anticorrupción y, en general, al gobierno del estado de lo que pudiera ocurrirle a Pablo Canaán, a su familia o a su servidora, a mi familia y a todo mi equipo de trabajo.

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Written by Redacción

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