Espectaculares que nadie ve// Columna de @hugogonzalez en Milenio

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    De veras, qué fácil es hablar de política, y no lo hago porque todo mundo tiene una opinión, una visión o una ideología política de algo. Sin embargo, en este mundillo de los negocios y la tecnología (donde es necesario tener una opinión informada para tener algo de credibilidad) a veces se junta la política con los negocios, debido a que muchos empresarios se han acostumbrado a hacer buenos negocios al amparo del poder público.

    Hace unas semanas recordé mis épocas de novel reportero cuando comencé a cubrir asuntos de publicidad, incluida la publicidad exterior. Recuerdo que entonces quise entrarle a varios asuntos del sector, pero me recomendaron no hacerlo porque esa industria era una mafia y a la fecha parece que sigue siendo real.

    Por eso también le doy la razón a López Obrador cuando dice que desconfía mucho de esas personas que se dicen de la “sociedad civil”, pues al parecer algunas de ellas siguen mezclando negocios con la política y el activismo social.

    Te lo comento porque Mis Amigos Chismosos (Mach) inmersos en el sector de la publicidad exterior me cuentan que pese a las denuncias contra una empresa, propiedad de una reconocida activista social, sigue siendo la única que cuenta con autorización para operar algunos gigantescos muros publicitarios, aunque no cumplan con el reglamento de la Ley de Publicidad Exterior. Hay varios ejemplos ubicados en Ciudad de México, de los cuales omito los detalles, pero que es necesario señalar, pues esto sería imposible sin la omisión de la autoridad. Además, me da cosita.

    No obstante, en la industria existe la molestia ante los constantes señalamientos de la existencia de una red de moches al interior del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), que lleva Meyer Klip. Dicha red, me cuentan Mach, permite a los propietarios de anuncios ilegales, como los que no están en el padrón oficial de CdMx o los adosados a muros ciegos y anuncios en azoteas, burlar la legislación y no ser retirados gracias los famosos pitazos de operativos de retiro.

    Los inconformes señalan a la Coordinación de Verificación Administrativa, de la que depende la Dirección de Calificación A, lugar desde donde presuntamente opera esa red de corrupción, donde un apellido se “pavonea” recurrentemente. Incluso algunos empresarios hablan de cuotas mensuales que van de 15 a 30 mil pesos por anuncio, lo que les garantiza protección para que el propio Invea no les retire anuncios irregulares que no están registrados en el padrón de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano (Seduvi), que encabeza Felipe de Jesús Rodríguez. Hay documentación de aproximadamente 100 anuncios irregulares principalmente en Santa Fe, la Condesa y algunas otras zonas comerciales, los cuales cuentan con una “protección ilegal” o son espectaculares que nadie quiere ver.

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