Colectivo de usuarios de “WeChat” demandan a Trump por inconstitucionalidad de orden ejecutiva

El gobierno de Donald Trump unas semanas atrás emitió una orden ejecutiva que prohibiría el uso de ciertas aplicaciones, particularmente las de origen chino, pues el también magnate de los bienes raíces presupone que son utilizadas para espiar a los usuarios por parte del gobierno de China, un dicho que no ha sido comprobado y que pondría en jaque la seguridad nacional americana.

En ese tenor, un colectivo de usuarios de la aplicación de mensajería instantánea “WeChat”, interpuso una demanda ante los tribunales en contra de la administración Trump, acción legal cuyo principal propósito es establecer la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva del también candidato al refrendo de la titularidad de la Oficina Oval.

El principal argumento del “WeChat Alliance Group” (WAC, por sus siglas en inglés) es la vaguedad en la redacción de la orden, donde encasilla a todas a la mayoría de las aplicaciones de origen chino como una amenaza, sin tomar en cuenta las especificaciones del desarrollador; mucho menos mostrando evidencias del riesgo latente hacia la seguridad doméstica de la Unión Americana.

Por otra parte, el WAC indica que se violan las garantías y derechos fundamentales de los usuarios de la aplicación creada por Tencent, la cual en su mayoría son miembros de la comunidad china que reside en los Estados Unidos; están atentando el derecho a las libertades de expresión y de asociación, mismas que están garantizadas por la Carta Magna estadounidense.

Además, analistas de la industria de la tecnología sugieren que la orden de Trump en contra de las aplicaciones de origen chino apelan más al sentido del negocio que al de la seguridad nacional; hay que analizar el impulso de la posible de venta de “Tik Tok” a Microsoft, donde el gobierno estaría empujando esa transacción para llevarse una importante comisión del negocio.

A su vez, los impulsores de la orden ejecutiva emitida a principios de mes sugieren que existe una ley de China del año 2017, en la que en uno de sus apartados exhorta a los desarrolladores a compartir datos a solicitud expresa del gobierno encabezado por Xi Jinping.

GAEL

7