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El Congreso de la Unión anunció que a partir de febrero entrante, fecha en que inicia el periodo ordinario de sesiones, se analizará y se discutirá las diferentes iniciativas para regular el outsourcing, ya que ello está perjudicando los derechos laborales de los trabajadores y promoviendo la evasión fiscal.

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la República, Napoleón Gómez Urrutia convocó a aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones el dictamen para regular la subcontratación y evitar despidos como el ocurrido en diciembre pasado donde 60 mil trabajadores perdieron su puesto de trabajo.

Puntualizó que la iniciativa que presentó a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social sólo tiene como propósito poner freno a este tipo de irregularidades, evitarla   defraudación   fiscal   y   el   pago   de   prestaciones   sociales;   coincidió   con   el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en que ya se llevan acabo acciones para impedir la práctica de facturas falsas y el abuso que se haceen contra de los trabajadores, pero aclaró que eso se contempla en otra ley.

El Senador de Morena destacó   que,  de acuerdo   a   reportes   de   las   autoridades   fiscales,   la   evasión   de   empresas   de outsourcing ilegal es de poco más de 500 mil millones de pesos.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que derivado de que alrededor de 8 millones de trabajadores se encuentran  en este  sistema de contratación ilegal, representa una pérdida de 50 mil millones de pesos de pérdidas, por lo que insistió en que es urgente controlar esa actividad.

El coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que en el mes de febrero se propondrá la organización de un Parlamento Abierto para analizar la propuesta de reforma para combatir y erradicar la Subcontratación Ilegal, conocida como outsourcing.

En este sentido, destacó que por primera vez en la historia del país se haya conformado un grupo de trabajo interdisciplinario, integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), para este fin.

Al respecto, dijo que en Parlamento Abierto se convocará a los empresarios, a los trabajadores, “porque se trata de encontrar la fórmula para garantizar los derechos laborales y que no se convierta el costo laboral en un obstáculo para la generación de empleos”.

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