Aprueba Senado Certificaciones Laborales para Trabajadores del Campo

El pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de facultar a las autoridades a expedir certificaciones laborales para el trabajo en el campo y proteger los ecosistemas forestales.

En el documento se establece que en el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo se precisa que la STPS podrá expedir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social de conformidad con las disposiciones que emitan las autoridades competentes.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, destacó que este proyecto articula una política laboral, comercial y ambiental para garantizar que el crecimiento del sector agroalimentario se sustente en el respeto efectivo de los derechos de las personas trabajadoras del campo y en la preservación de nuestros recursos naturales.

“Este dictamen plantea algo tan elemental como justo: que el crecimiento del campo vaya acompañado de derechos y que cada producto que México exporta lleve consigo la garantía de que fue producido en condiciones dignas”, añadió la legisladora.

Por su parte, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, celebro la aprobación del dictamen para la implementación del Certificado Laboral de Agroexportación. Con este mecanismo se brindará seguridad social a las y los jornaleros agrícolas y se asegurará la competitividad del sector agroexportador mexicano en los mercados internacionales.

El pleno del Senado también aprobó reformas al artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior donde se determina que las autoridades pueden establecer medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías para evitar la deforestación sin autorización en terrenos forestales.

También incluye en ese mismo artículo que las autoridades pueden establecer medidas similares cuando se trate de situaciones no previstas en las normas oficiales mexicanas en lo referente a trabajo y seguridad social, con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, agregó que esta reforma busca resolver los problemas de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, el que más aporta a la balanza comercial y a la presencia en los mercados internacionales, pues sigue arrastrando rezagos profundos en materia de derechos laborales y presiona los ecosistemas forestales.

“México no puede elegir entre competitividad y derechos, entre exportar más y proteger mejor; el futuro del campo mexicano pasa por articular trabajo decente, sostenibilidad y fortaleza comercial. La reforma armoniza la política laboral, comercial y ambiental para que el éxito exportador del país descanse en estándares verificables y no en la informalidad”, precisó.

 En representación de Morena, la senadora Sasil de León Villard sostuvo que el sector agroexportador no puede construirse sobre la explotación laboral de los mexicanos ni sobre la destrucción de los ecosistemas del país, sino que su desarrollo debe ser con justicia social y con responsabilidad ambiental.

Miguel Márquez Márquez, del PAN, reconoció que dignificar el trabajo del agro es un acto de justicia social, además de que permite cumplir con los compromisos adquiridos con el T-MEC relativo a la deforestación; sin embargo, consideró que la reforma debe contar con precisiones para la expedición de certificados de cumplimiento para evitar que la medida se vuelva un obstáculo.

Del PRI, Mely Romero Celis expresó que es urgente que el gobierno destine recursos adicionales para que esta reforma se traduzca en beneficios para el campo, pues exigir un certificado para la agroexportación es importante, pero sin dar apoyos para que el productor pueda pagar las cuotas patronales o tecnificar sus riegos, “es solamente hacer populismo legislativo”.

En tanto, del PT, Lizeth Sánchez García aseveró que el desarrollo del campo no puede sostenerse ni por la precariedad laboral, ni sobre el deterioro del medio ambiente, por ello la propuesta busca articular la política laboral, comercial y ambiental en una misma ruta de desarrollo justo y sostenible.

Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, dijo que el objetivo de las reformas es alinear la política comercial del Estado mexicano con los estándares más avanzados en materia de cumplimiento de derechos laborales y de sostenibilidad ambiental. La certificación laboral para la agroexportación y la protección de los sistemas forestales, son ámbitos esenciales para el país, afirmó.

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