Necesario Marco Jurídico para Combatir Delincuencia Cibernética

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, la diputada de Morena, Rocío Barrera Badillo, afirmó que es necesario construir un marco jurídico que enfrente a la delincuencia cibernética, pues ahora hackeos y robos de identidad ya no son términos extraños, sino amenazas muy presentes.

Durante el foro “Los Retos Actuales de la Ciberseguridad y la Ciberdefensa en México”, la legisladora expresó que los avances tecnológicos permiten el desarrollo social, pero si no son accesibles al grueso de la población, sólo segmentan y agravan las brechas de desigualdad, por eso el Estado debe procurar su universalidad.

Por su parte, el director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), José Luis Ponce López, dijo que la ciberseguridad es un tema de corresponsabilidad, por lo que es fundamental que desde la academia se generen los expertos que necesita la industria.

Refirió que otro aspecto fundamental, es lograr que el talento se incorpore a la ciberseguridad y se creen redes de investigación en materia de ciberseguridad, porque en la actualidad no existe.

Luis Fernando Fuentes Serrano, director del Equipo de Respuesta e Incidentes Cibernéticos CERT-MX, dijo que hoy en materia de salvaguarda digital se implantan estrategias dirigidas a la prevención, junto con el Poder Legislativo, para diseñar las leyes para castigar los ilícitos en Internet y robustecer las investigaciones, a través de la cooperación de la ciudadanía.

Indicó que desde el diseño de esta corporación de seguridad, más de 20 mil páginas de Internet se han dado de baja por publicar contenidos maliciosos, “virus y gusanos”; así como sitios que cometen delitos castigados por el Código Penal Federal como la pornografía infantil y la venta de armas y drogas.

Nelly Montealegre Díaz, Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y experta en asuntos de ciberseguridad, apuntó que en 2016 se reportaron 22.4 millones de víctimas de estos delitos con una pérdida de cinco mil 500 millones de dólares; en 2017, se  vieron afectadas 33 millones de personas y las pérdidas se incrementaron hasta siete mil 700 mdd y en el 2018, 41.1 millones se enfrentaron a ilícitos cibernéticos.

Aseguró que estas cifras no salen a la luz, porque las empresas perderían clientes, por lo que pidió a los diputados instrumentar un marco normativo que atienda las anomalías que hoy existen en la coordinación de seguridad digital en el Estado mexicano, pues las dependencias no tienen claro cómo actuar ante un ataque, asimismo crear una instancia nacional encargada de la ciberseguridad con la participación social, académica, gubernamental y privada.

Juan Carlos Guel López, representante de CIO de Kyber Intelligence, lamentó que en México apenas se hable de ciberseguridad, cuando en países desarrollados debaten sobre la inteligencia artificial para evitar ilícitos, por lo que sugirió establecer un órgano encargado de los estándares de tecnología, un centro nacional de infraestructuras críticas y uno de ciberseguridad.

Añadió que el país debe dar pasos acelerados, porque ahora los ataques cibernéticos afectan al Producto Interno Bruto de una nación e incluso a la economía mundial, por lo que es fundamental implantar una estrategia de actuación ante delitos cibernéticos. En el caso de México, los costos superan los ocho mil millones de dólares.

José Guillermo Lira Hernández, comandante del 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, experto en ciberdefensa, coincidió en que se debe ejecutar una estrategia coordinada con el sector público y privado, la academia y demás personas interesadas en el tema, a fin de crear un adecuado organismo que garanticen la salvaguarda de los datos personales.

Detalló que dicho organismo podría rendir informes al Ejecutivo por conducto del Consejo de Seguridad Nacional y que éste emita las políticas públicas y los lineamientos a los que se deben sumar todos las dependencias y empresa

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