Mi opinión sobre la controversia constitucional en torno a los derechos de las audiencias.
Siempre he pensado que, si un pueblo no es capaz de diferenciar los distintos mensajes mediáticos, se merece todas las calamidades del mundo. Si un ciudadano necesita que le digan cuándo se está dando una nota y cuando una opinión en los medios; no merece la mayoría de edad. Afortunadamente eso no pasa en México.
Lo anterior viene a colación luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional en torno a los derechos de las audiencias. Para eso vale la pena hacer un rápido y simple recordatorio.
En 2014, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) impuso a los concesionarios obligaciones en materia de libertad de expresión y derecho de las audiencias. Con ello, los legisladores le metieron un gol a las empresas que operan estaciones de radio y tv. En ese momento se incluyeron complicadas y amenazantes obligaciones que después fueron ratificadas por Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2016. En concreto, la ley de 2014 y los lineamientos del IFT establecen que se deben diferenciar con claridad lo que es información noticiosa y lo que es la opinión de quien lo dice.
En 2017 el entonces diputado panista Federico Döring presentó una iniciativa de reforma a la LFTR para precisar las facultades del IFT y las obligaciones de los concesionarios. La iniciativa fue aprobada derogando un buen trozo de la parte punitiva de la ley. Si bien se dejaron varias obligaciones en materia de derecho de las audiencias y transmisión de publicidad o propaganda, la Ley se suavizó y con ello el partido se empato a un gol por bando.
No obstante, la escuadra defensora de la portería sur, los que están más pegados a la porra ultra; promovieron la controversia constitucional que ahora resolvió la SCJN. Pero la Corte no desempató el partido, sino que lo mando a revisión del VAR y le pidió al poder legislativo que vuelva a legislar. La Corte no entró al fondo de la discusión y sigue la nebulosa y tambaleante interpretación de la ley. En suma, la amenaza sigue viva.
Siguiendo con mi alegoría futbolera, podría decirse que el partido sigue empatado, pero con la posibilidad de que la porra ultra intente meter presión en el Congreso. Es posible que, los diputados de Morena (sobre todo los más afines a la porra ultra) intenten retomar el origen de lo que se derogó en 2017 e insistir con la idea de que necesitamos protección.
Distintas fuentes legislativas y políticas aseguran que la agenda legislativa de Morena incluye retomar el espíritu coercitivo y amenazante de la ley de 2014. Creen que los derechos de las audiencias están por encima de la libertad de expresión y que no sabemos “leer a los medios”.
A ellos no les ha caído el veinte de que las audiencias ya saben diferenciar claramente lo que es noticia y opinión sesgada. “El pueblo no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto”, dice el presidente López Obrador; luego entonces, ¿por qué quieren seguir con esa idea inquisidora y de censura previa? Hasta el presidente ha marcado su raya y sigue apostando por estas libertades, aunque duelan. ¿No crees que tenemos suficiente con las ridículos procedimientos del INE en contra de tuiteros por sus comentarios en redes sociales?
Como un hombre de medios, me da miedo pensar que puedo ser causante de sanciones desmedidas. Me preocupa que, por una mala comunicación de mi parte, una estación pueda ser sancionada hasta la extinción. Me asusta pensar que se me cierren las ventanas de comunicación por una frágil y escurridiza valoración de un grupo de burócratas que puede decir lo que es opinión o información.
Como una persona que aún tiene la oportunidad de colaborar en radio y (a veces) en televisión; me siento con la obligación y la necesidad de abogar por una legislación más neutra y que apueste por la autoregulación y/o la alfabetización mediática. Si los legisladores le van a entrar nuevamente a la discusión, que sea libre de dogmas, de fobias y rencores.
Si de veras creen que necesitamos que el estado nos defienda de los malévolos comunicadores, podríamos pensar en organismos que promuevan la reflexión y exégesis de los medios, pero no la sanción desmedida que suena a venganza. Que la prensa se regule con la prensa.
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