La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población y abroga la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974.
Con esta ley se busca crear la Cédula Única de Identidad Digital, misma que será gratuita y expedida por la Secretaría de Gobernación a toda la población y a los mexicanos residentes en el extranjero.
Esta Cédula se constituirá en el documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero y ante las personas físicas y morales con domicilio en el país, así como para todo tipo de trámite o servicio.
Contendrá, tanto en su versión física como digital, la Clave Única de Registro de Población, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, nacionalidad y datos biométricos en términos de lo que disponga el reglamento correspondiente.
Cita que la nueva ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir la política de población e interculturalidad que atienda las causas y consecuencias de la dinámica demográfica, y garantice el derecho a la identidad.
También, regular la operación del Registro Nacional de Población, y del Servicio Nacional de Identificación Personal, así como la organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población, registro e identidad de las personas.
Otro objetivo es definir las políticas de movilidad humana y de interculturalidad para salvaguardar los derechos humanos y sus garantías derivadas de éstas.
Asimismo, hará uso de todos los mecanismos a su alcance para contrarrestar el racismo, discriminación por cualquier causa, segregación, misoginia, homofobia, la censura a cualquier profesión religiosa, xenofobia y el discurso de odio, por razones de su origen, identidad, religión, género, discapacidad, problemas de salud, orientación sexual y todo otro tipo de marginalización y exclusión.
Puntualiza que son principios rectores de esta ley: el enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; la transversalidad de la política de población; el federalismo; la transparencia y rendición de cuentas; la perspectiva intercultural.
Asimismo, la perspectiva de género y de curso de vida; el desarrollo sostenible; el bienestar social e individual, y la promoción de la participación de los órdenes de gobierno en la política de población.