Establecen diputados medidas para evitar abusos de las escuelas privadas

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de evitar abusos por parte de dueños de escuelas privadas.

Entre otras medidas se establece que los proveedores no podrán condicionar la entrega de documentación académica al pago de colegiaturas o contraprestación alguna.

Que los proveedores no podrán incrementar las colegiaturas durante el ciclo escolar, ni establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie. Igualmente se impondrán sanciones con multas de 488.74 pesos a un millón 563 mil 957.06 pesos.

A través de estas reformas avaladas, en lo general con 238 votos a favor, 96 en contra y 15 abstenciones, se da certeza jurídica a los consumidores de que los prestadores de servicios educativos particulares deberán cumplir la obligación de informar y respetar los precios ofrecidos, y prohíbe incrementar las tarifas durante el ciclo escolar correspondiente.

Con el dictamen se fortalecen los derechos del consumidor respecto a la información de productos que el proveedor comercialice, y se establece que no se podrá condicionar la venta, adquisición o renta, a la adquisición o renta de otro producto o prestación de un servicio, precisa.

Los servicios educativos, puntualiza, se sujetarán a los lineamientos generales que expida la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a la Secretaría de Educación Pública. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podrá realizar visitas a los planteles particulares para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas correspondientes.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, diputado priista Jorge Enrique Dávila Flores, expresó que se incorporan a la Ley las normas necesarias en materia de regulación de los servicios educativos que prestan los particulares, y se considera a estos como proveedores que deben informar a los educandos, padres o tutores, previamente a la inscripción, el costo total de lo que les ofrecen.

Presentó una adenda que modifica el dictamen original, con el objetivo de incorporar la necesidad de agotar los procedimientos de conciliación conducentes, para extinguir la deuda de los educandos frente a los proveedores de servicios educativos privados.

Delfina Gómez Álvarez, diputada de Morena, mencionó que esta iniciativa debilita el derecho que contempla el artículo 3º constitucional y la idea de escuela pública. “La mayoría de las modificaciones que se incorporan a esta ley legalizan prácticas indebidas que durante mucho tiempo se han querido impedir, como es la lesiva costumbre de suspender el servicio educativo a los alumnos por falta de pago, y en muchos casos exhibir en listas públicas a los alumnos que adeudan colegiaturas”.

Aprobado en lo general y particular, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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