Las aduanas, el lugar llamado deseo; por Hugo González en ContraReplica

Desde hace semanas leo en algunos sitios representativos del rancio periodismo especulativo, ese que mezcla filtraciones, ficción y ganas de protagonismo, sobre un tal Amílcar. No hablo de mi amigo publirrelacionista, sino de un empresario al que algunos retratan como una combinación de Mojo Jojo, Plankton y el doctor Doofenshmirtz. Solo les falta acusarlo de querer conquistar Saltadilla.

Si les creyera todo, pensaría que ese Amílcar es una de las bestias del Apocalipsis, con oficina en Polanco y membresía platino en el infierno fiscal. Le atribuyen un presunto perjuicio al erario superior a 830 millones de pesos, derivado de operaciones de importación de diésel. Una cantidad escandalosa, aunque casi tres veces menor que el valor del famoso yate Lady Moura.

Pero sospecho que su pecado más incómodo no necesariamente está en los pedimentos aduanales, sino en su presunta cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En México puedes tener negocios cuestionables, pero si apareces en la fotografía política equivocada, te conviertes en villano de Marvel. Eso sí, tampoco pretendo extenderle una constancia de buena conducta, porque una cosa es documentar irregularidades y otra convertir sospechas en sentencias periodísticas.

Al empresario le atribuyen posibles maniobras de contrabando técnico, mediante diferencias entre los volúmenes de combustible importados y los declarados, o clasificaciones arancelarias que habrían permitido evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Nada de huachicol fiscal.

Pero resulta que llevamos décadas gastando dinero para convertir nuestras aduanas en instalaciones dignas de una película de ciencia ficción. Tenemos cámaras, sensores, inteligencia artificial, escáneres y sistemas capaces de encontrar hasta el calcetín perdido de un contenedor. Sin embargo, las irregularidades siguen apareciendo.

Uno de los proyectos emblemáticos fue el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), adjudicado desde 2016 a Sixsigma Networks México, conocida comercialmente como KIO Networks. El proyecto contemplaba 51 servicios, entre ellos lectores RFID, cámaras de reconocimiento óptico, videovigilancia termográfica, automatización de accesos y centros de monitoreo. En teoría, aquello permitiría identificar vehículos, mercancías y movimientos sospechosos sin depender exclusivamente del ojo humano. Una especie de Big Brother aduanero, pero sin nominaciones ni confesionario.

Después llegaron los sistemas de inspección no intrusiva (SINI), con escáneres fijos y móviles de rayos X y gamma. Desde 2022, entre los proveedores relacionados con estos equipos aparecen Rapiscan Systems, perteneciente a OSI Systems, Nuctech Company Limited y Smiths Detection. Estos dispositivos permiten revisar cargamentos sin necesidad de abrir cada contenedor, aunque evidentemente tampoco pueden detectar las intenciones de quienes autorizan su paso.

También se incorporaron herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos, un terreno donde aparecen empresas como Microsoft México, Avanade, SAS Institute e IBM. Los contratos relacionados con estas tecnologías se ubican en 2021 y 2023. Estas soluciones permiten analizar imágenes radiográficas, detectar diferencias de densidad e identificar posibles compartimentos ocultos. Prácticamente tenemos un CSI Aduanas, pero todavía queremos saber quién interpreta las pistas.

Por otro lado, la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) buscó digitalizar trámites desde 2012. En ese ecosistema tecnológico han participado integradores como Avanade México, Agsoft y Neoris. La promesa consistía en reducir trámites presenciales, facilitar las operaciones y mejorar el intercambio de información. Porque digitalizar documentos resulta más sencillo que eliminar las viejas mañas burocráticas.

Y para los hidrocarburos existen tecnologías de medición y verificación asociadas con empresas como Emerson Electric, Endress+Hauser, SGS México y Bureau Veritas. Los controles volumétricos adquirieron mayor relevancia normativa a partir de 2018, mientras su instrumentación avanzó entre 2019 y 2021 en instalaciones marítimas y fronterizas. El objetivo era verificar cantidades, características químicas y movimientos de combustibles para combatir las irregularidades fiscales.

Ahora bien, con semejante arsenal tecnológico, ¿cómo diablos pudieron persistir durante tantos años las irregularidades en las importaciones? ¿Los sensores estaban dormidos, las cámaras tenían cataratas o alguien decidió que los sistemas funcionaran como adornos tecnológicos de millones de pesos? Porque una cosa es comprar tecnología y otra utilizarla para incomodar a quienes hacen negocios aprovechando las grietas institucionales.

La llegada de la 4T en diciembre de 2018 no inventó la modernización aduanera. Heredó proyectos, reforzó controles y también enfrentó los problemas acumulados de administraciones anteriores. Si hoy aparecen inconsistencias que antes pasaban inadvertidas, vale la pena investigar tanto las operaciones actuales como las omisiones históricas. La tecnología puede detectar anomalías, pero no sustituye la honestidad y la congruencia.

AIFA: ¿aduana o club privado?

Hablando de negocios aduaneros, mis Amigos Chismosos (MACH) también me cuentan sobre movimientos empresariales alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El asunto merece atención porque cualquier restricción injustificada a la competencia en mensajería y paquetería podría traducirse en mayores costos para las empresas y los consumidores. Ya sabemos que cuando disminuye la competencia, los precios suelen subir más rápido que las tarifas de Uber.

En este escenario aparece el nombre de Michel De la Paz, empresario relacionado desde hace años con actividades aduaneras. Según información proporcionada a esta columna, figura en una denuncia presentada ante autoridades aduaneras por un presunto trato preferencial hacia una empresa vinculada con él. El señalamiento se refiere a gestiones para obtener autorizaciones de operaciones T1, relacionadas con importaciones y exportaciones de empresas de mensajería y paquetería.

Según esas versiones, el empresario y su equipo habrían recibido orientación y acceso privilegiado de funcionarios aduanales. También se mencionan antecedentes de relaciones comerciales con compañías que enfrentaron señalamientos fiscales y determinaciones de créditos tributarios, aunque esos antecedentes requieren corroboración. Hasta ahora, esta columna no cuenta con elementos independientes suficientes para acreditar las acusaciones ni para establecer responsabilidades.

Los MACH también mencionan a E-NTELY Commerce, empresa con la que De la Paz presuntamente buscaría ampliar su participación en el negocio aduanero del AIFA. En esas versiones aparecen Terminal Logistics, encabezada por Luis Felipe Rivas, y Awesome Cargo, relacionada, según las mismas fuentes, con un hijo del abogado Luis Ramos. La existencia y el alcance de estas relaciones comerciales, así como cualquier supuesto beneficio regulatorio, necesitan confirmación documental y la versión de los involucrados.

Porque tampoco se vale combatir el contrabando de combustibles fabricando contrabando de acusaciones. Lo que sí merece una revisión pública son los criterios de autorización, los tiempos de respuesta y las condiciones de acceso para los competidores que buscan operar en el AIFA. Si las reglas son iguales para todos, perfecto; pero si algunos reciben alfombra roja mientras otros esperan eternamente en la fila digital, tenemos un problema que ningún escáner de última generación podrá resolver.

Al final, las aduanas mexicanas parecen tener de todo: inteligencia artificial, cámaras, sensores, algoritmos y sofisticados sistemas de vigilancia. Lo que todavía falta demostrar es si tanta tecnología también sirve para detectar los privilegios que no vienen declarados en el pedimento.

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