Solicitan en NL que la FGR atraiga investigación por presunta extorsión ligada al caso Matrimar

La investigación de los presuntos actos de extorsión denunciados por la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) podría ser atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría solicitarlo en un caso que involucra a funcionarios del Gobierno estatal encabezado por el gobernador Samuel García y al dirigente local de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez Ríos.

La decisión legislativa se produce en medio de un contexto donde distintos sectores empresariales y productivos han reportado durante el último año incrementos en cobros considerados excesivos, presiones administrativas y presuntas prácticas irregulares en dependencias estatales y municipales.

Entre los antecedentes del clima de inconformidad empresarial se encuentra el rechazo expresado en diciembre de 2025 por más de 60 cámaras y organismos, entre ellos Coparmex Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, a los aumentos fiscales incluidos en el Paquete Fiscal 2026, al advertir posibles efectos negativos sobre inversión y empleo. Posteriormente, en enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció presuntos abusos y cobros indebidos de agentes de tránsito en municipios del área metropolitana, con pérdidas económicas millonarias para el sector.

Durante la sesión ordinaria realizada el 10 de marzo de 2026, la solicitud de intervención federal fue presentada por la diputada Armida Serrato Flores (PRI), quien preside la Comisión Anticorrupción. La propuesta obtuvo 30 votos a favor de legisladores pertenecientes a PAN, PRI, Morena, PRD y PT.

La petición formal dirigida a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos se fundamenta en la relevancia social del caso y en las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Asimismo, se invoca el artículo 73 de la Constitución federal, que contempla la posibilidad de que la Federación atraiga asuntos de competencia local cuando existan implicaciones federales.

Según argumentó Serrato, la participación de la FGR resulta necesaria debido a que en el audio difundido públicamente, atribuido a Martínez Ríos, se menciona la exigencia de un “pago fuerte” a la empresa a cambio de facilitar su operación, además de hacer referencia a otros integrantes del gabinete estatal.

En lo expuesto ante el Pleno, también se indicó que en la grabación se menciona al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, así como al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna. La legisladora cuestionó igualmente la ausencia de Martínez Ríos en las sesiones del Congreso desde que se difundió el audio, en el cual presuntamente actúa como intermediario entre autoridades y la empresa extractiva ubicada en el municipio de Cerralvo.

El origen del conflicto entre Matrimar y el Gobierno estatal se ubica en 2025, cuando la pedrera enfrentó inspecciones, auditorías y clausuras administrativas vinculadas con el denominado impuesto ambiental. Este gravamen, implementado desde 2022, se aplica a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos.

Mientras la empresa ha sostenido que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, autoridades estatales han señalado la existencia de adeudos millonarios relacionados con contribuciones ambientales. Según documentos presentados por la compañía, en noviembre de 2025 la Secretaría de Finanzas estatal habría revisado sus operaciones y determinado que cumplía con sus obligaciones fiscales; sin embargo, posteriormente se registraron nuevos requerimientos y cierres operativos. Matrimar ha denunciado que dichas acciones constituyen “extorsión institucional” y ha señalado afectaciones económicas y laborales para alrededor de 500 familias que dependen de la operación de la planta.

A finales de febrero de 2026 el caso escaló tras difundirse audios donde se menciona la solicitud de pagos extraordinarios para permitir el funcionamiento de la empresa. De forma paralela, la compañía ha obtenido suspensiones judiciales federales contra algunas clausuras, lo que derivó en una disputa pública con el gobernador Samuel García, quien ha negado cualquier acto de corrupción y ha sostenido que las acciones del Estado responden exclusivamente al cumplimiento de obligaciones ambientales.

14