El coordinador de asuntos económicos de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, manifestó que el debate sobre el aprovechamiento de gas no convencional debe abordarse con responsabilidad, evidencia científica y una visión integral de Estado, ante la importancia estratégica que hoy tiene este producto para la generación eléctrica, la actividad industrial y la seguridad energética del país.
Indicó que el gas natural se ha consolidado como un insumo clave para México al participar en más del 60 por ciento de la generación eléctrica. Añadió que, en un contexto donde la producción nacional ha disminuido y la dependencia de importaciones se ha incrementado de forma notable, resulta legítimo analizar con seriedad todas las opciones disponibles para fortalecer la producción doméstica y reducir vulnerabilidades externas.
Explicó que el interés en el fracking responde, en parte, a que México cuenta con recursos prospectivos relevantes de gas no convencional en distintas cuencas del país, lo que abre una discusión sobre su posible aprovechamiento dentro de una estrategia más amplia de soberanía y seguridad energética. Subrayó, sin embargo, que dicho potencial debe analizarse con rigor técnico, distinguiendo con claridad entre recursos, reservas y viabilidad real de explotación.
Ramírez Cuéllar destacó que la experiencia internacional muestra que el desarrollo de yacimientos no convencionales puede contribuir a ampliar la oferta energética, reforzar la resiliencia del sistema, impulsar inversión en infraestructura y dinamizar actividades productivas vinculadas al sector energético.
En el caso de México, precisó, una de las ventajas potenciales sería reducir parte de la dependencia del gas importado y fortalecer la capacidad nacional de respuesta ante eventuales interrupciones externas.
Asimismo, resaltó que el propio análisis técnico identifica avances relevantes orientados a disminuir impactos y mejorar la eficiencia de los proyectos.
Entre ellos se encuentran las mejoras en perforación y completación de pozos, la fractura multietapa más precisa, una mejor geonavegación, el monitoreo y control de emisiones de metano, el reúso y tratamiento de agua para reducir el consumo de agua dulce, así como la optimización de la huella territorial mediante una mayor productividad por pozo y la concentración de operaciones en un menor número de plataformas.
No obstante, puntualizó que la eficacia de esas medidas depende de una supervisión constante, de capacidades regulatorias suficientes y de reglas claras para su cumplimiento.
En ese sentido, subrayó que cualquier evaluación sobre el fracking en México debe sustentarse en estudios técnicos, evidencia pública y análisis institucional serio.
Recordó que el propio debate reciente ha planteado la revisión del tema mediante evaluación científica y técnica, lo que confirma que no se trata de una decisión que pueda tomarse de manera precipitada, sino de un asunto que exige información verificable, revisión especializada y una valoración integral de costos, beneficios y riesgos.
Concluyó que, aun cuando existen oportunidades potenciales en materia energética, de inversión e infraestructura, cualquier ruta de acción debe ir acompañada de un marco regulatorio sólido, fortalecimiento de los reguladores técnicos, coordinación interinstitucional, transparencia, monitoreo ambiental, rendición de cuentas y mecanismos de participación social; esas condiciones son necesarias para que el fracking se realice con responsabilidad y sustentabilidad.