Presenta Gobierno Marco Legal para la Digitalización Administrativa
febrero 19, 2025
El Senado de la República recibió una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal para reformar los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se pretende establecer un marco constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización.
Todo lo anterior para reforzar las prácticas regulatorias actuales y que se aplique en todo el territorio nacional, como una medida crucial para mejorar la eficiencia, reducir costos y fomentar una cultura de transparencia y accesibilidad en la gestión pública.
Ello, precisa el documento, debido a que la complejidad del marco normativo y administrativo actual ha representado históricamente un obstáculo para el desarrollo económico, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.
“La multiplicidad de trámites y la opacidad en los procesos administrativos dificultan tanto la actividad empresarial, como el acceso a servicios básicos por parte de la población”, se destaca en el documento.
La iniciativa abarca también el fortalecimiento de la atención ciudadana, para que, mediante la expedición de las leyes correspondientes se fomente la interacción
directa y sencilla entre las instituciones públicas y los ciudadanos, a través del uso de plataformas digitales, para que, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica, puedan acceder a servicios básicos y participar en los procesos de toma de decisiones de manera informada y activa.
Este enfoque refuerza el principio de igualdad y evita la exclusión de sectores vulnerables.
Asimismo, la iniciativa adopta un enfoque de perspectiva económica y social, con el que se busca establecer un marco constitucional que garantice que el uso y acceso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se busca que sirva como motor para el desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos del país, con el objetivo de producir desarrollo compartido.
En el ámbito político, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del Estado que contiene esta reforma, protege el derecho a la participación activa de los ciudadanos en la vida pública.
El acceso a las TIC permite a la población estar informada, expresar sus opiniones y ejercer un control social sobre el gobierno.
En este sentido, el bien jurídico tutelado, no solo promueve el ejercicio de derechos políticos, sino que también fortalece la democracia, al garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan influir en las decisiones que afectan su vida cotidiana.
