Investigaciones federales rodean la posible reelección del auditor de Chihuahua
noviembre 27, 2025El nombre de Héctor Acosta Félix volvió a aparecer en la discusión pública después de que el Congreso de Chihuahua inició el proceso para su eventual reelección como Auditor Superior del Estado. El funcionario enfrentó investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, que revisaron su actuación durante un periodo prolongado y analizaron decisiones relevantes en materia de fiscalización.
Documentos consultados mostraron que ambas instituciones evaluaron presuntos actos de encubrimiento dentro del Gobierno estatal, así como la posible participación del auditor en la elaboración de expedientes contra actores políticos locales. Las indagatorias revisaron decisiones administrativas y también resoluciones vinculadas con procesos de supervisión que generaron impacto jurídico.
Uno de los puntos que originó el interés federal se relacionó con la Auditoría Forense a la deuda pública 2021, instruida directamente por Acosta Félix. Esa revisión se enfocó en el despacho López Elías Finanzas Públicas, encargado del refinanciamiento de la deuda estatal en 2019. La firma ya había sido auditada previamente sin detectarse irregularidad, por lo que especialistas señalaron que una revisión repetida sobre los mismos hechos podría contravenir el principio que impide investigar dos veces un acto similar.
El informe forense se construyó sobre la idea de que la ausencia de un documento en la Secretaría de Hacienda representaba un incumplimiento del proveedor. Expertos advirtieron que esa premisa resultó considerada débil e improcedente, lo cual elevó la preocupación dentro de los órganos federales encargados de supervisar el manejo de recursos.
El análisis federal también revisó el alcance de la Auditoría Superior del Estado, debido a que la revisión involucró temas relacionados con Participaciones Federales, materia que corresponde de forma exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación según el artículo 79 de la Constitución. El informe local no integró el Decreto de Autorización emitido por el Congreso de Chihuahua sobre el refinanciamiento de la deuda, un elemento señalado como necesario para evaluar la legalidad del proceso.
Revisión federal y contexto legislativo
El conjunto de inconsistencias técnicas y omisiones normativas llevó a que ambas instituciones federales iniciaran investigaciones formales sobre el desempeño del auditor. El Congreso local mantuvo el avance del proceso legislativo para la posible reelección de Acosta Félix, mientras especialistas señalaron que ese movimiento podría representar un riesgo institucional para los legisladores.
Analistas indicaron que los integrantes del Congreso podrían enfrentar consecuencias si ratificaban a un funcionario sometido a indagatorias federales en curso. La eventual confirmación de irregularidades graves podría derivar en la destitución del auditor en una etapa posterior, lo que generaría tensión entre las autoridades de fiscalización y dejaría dudas sobre el funcionamiento del sistema estatal de control.
Tensiones políticas y efectos en la fiscalización
Los señalamientos sobre el auditor y la ruta legislativa marcaron un escenario donde la discusión trascendió el aspecto técnico. La reelección se convirtió en un reflejo de las tensiones políticas internas, mientras las indagatorias avanzaron sin detener el proceso parlamentario.
En el entorno local, actores políticos observaron que la continuidad del auditor podría representar un elemento de inestabilidad dentro del sistema de rendición de cuentas. Las investigaciones federales continuaron su curso, y las autoridades estatales siguieron evaluando la implicación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República.
El análisis federal incluyó la revisión de decisiones adoptadas por Acosta Félix en procesos de fiscalización y en acciones vinculadas con el manejo de expedientes oficiales. La información consultada mostró que los órganos supervisores buscaban determinar la existencia de posibles errores sustantivos o irregularidades administrativas en la elaboración del informe forense.
El Congreso mantuvo la discusión para definir la continuidad del auditor, mientras el entorno político estatal observó que el tema adquirió relevancia nacional por la intervención de instituciones federales. El cruce de procesos legislativos y revisiones judiciales delineó un escenario complejo para el sistema de control público de Chihuahua.
La discusión se centró en los documentos generados por la Auditoría Superior del Estado y en la eventual responsabilidad de Acosta Félix en decisiones consideradas determinantes para los órganos de supervisión. Las autoridades federales continuaron con el análisis de los elementos integrados en las auditorías previas y en la revisión forense promovida en 2021.
La información disponible mostró que el tema se mantuvo bajo observación nacional mientras los legisladores evaluaron la reelección del funcionario. Las indagatorias permanecieron activas y el proceso legislativo siguió en desarrollo.
