El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República dio a conocer un estudio mediante el cual señala que a pesar de que el Congreso ha aprobado leyes “más duras” contra la corrupción, la realidad es que, en México, este acto ilícito se castiga poco, tanto por la vía administrativa como por la vía penal.
En documento titulado “¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, revela que, aunque entre 2014 y 2020 se abrieron más de 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación por el ministerio público federal (PGR/FGR), para 2021, en los centros penitenciarios de todo el país había sólo 1,465 personas presas por delitos de corrupción (fuero común y del fuero federal). Este número es significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que en ese año sumaba a más de 125 mil personas presas, el homicidio, por el cual estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.
Agrega que, en el 2021, ingresaron a las cárceles del país 860 personas acusadas por delitos de corrupción, 55% menos que el año anterior en el que fueron recluidas 1,942 personas procesadas.
En lo que toca al plano administrativo, el estudio refiere que las sanciones por faltas graves también han descendido considerablemente pues, entre 2016 y 2020, las destituciones de servidores públicos federales cayeron un 71%, mientras que las inhabilitaciones disminuyeron 68% en el mismo periodo.
Según el análisis del IBD, la disminución de las sanciones contra la corrupción parece tener múltiples causas, entre las que se encuentran la reducción del presupuesto de las instituciones que tienen atribuciones de control, seguimiento y auditoría en el uso de los recursos públicos, el debilitamiento y pérdida de eficacia de las labores de fiscalización, así como la integración incompleta de algunas de las instituciones que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción (SFP, INAI y TFJA).
Finalmente, la investigación considera que, más que nuevas reformas o castigos más severos, lo que se requiere es asignar una cantidad razonable de recursos a las instituciones del Estado, así como revisar, fiscalizar y mejorar la actuación de las autoridades que se encargan de hacer cumplir las normas: desde los órganos internos de control y los tribunales de justicia administrativa, hasta los ministerios públicos y jueces que intervienen en las diferentes etapas del proceso penal.