Muchos creen que, por mi especialización y pasión en temas de tecnología; no puedo abordar temas económicos o de negocios. Otros creen que, por tener una cuenta en una red social, tienen el conocimiento y la información suficiente para criticar todo, literalmente; todo. Unos más piensan que, señalar lo que hace bien con el gobierno es ser un arrastrado sin dignidad; pero si adviertes lo que hace mal, eres un traidor chayotero.
Respeto mucho la opinión de todos, pero no puedo negar mi respeto, admiración y aprecio que siento hacia el presidente López Obrador, sin embargo; eso no me ciega para decir lo que creo son deficiencias en la 4T.
Esto viene a cuenta porque con el reciente paso del huracán Grace, las redes sociales y (tristemente) algunos colegas; se llenaron de reproches porque este gobierno desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Sin embargo, aunque se desapareció el fondo, los recursos no se retiraron, es decir, el dinero existe; está en el Anexo 20, Ramo 23 de la Ley Federal del Presupuesto de Egresos 2021. Lo que desapareció fue el método de recopilación, contratación de seguros y dispersión del dinero.
En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección civil que sustituye al Fonden. Desde entonces muy pocos saben que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debería crear la Agencia de Gestión Financiera de Riesgo Pública. Su objetivo es asesorar y apoyar a las dependencias y entidades en el análisis, selección y aplicación de instrumentos (financieros) para atender los desastres. También dará seguimiento a la aplicación de los recursos y participará en la elaboración del Programa Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
Apenas el 27 de julio pasado se hizo oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la desaparición de las reglas y del mismo Fonden; sin embargo, al parecer la Agencia de Riesgos aun no nace porque no hay ley vigente. Desconozco el paradero de la ley aprobada en diciembre pasado pues no encuentro además su discusión en el Senado y su eventual publicación en el DOF.
La ley fue bien recibida por el gremio asegurador porque obliga a los gobiernos locales y dependencias públicas a contratar seguros para atender los desastres; pero aclara las responsabilidades y métodos para la entrega de recursos. Lo malo es que, es muy pocos lo saben o se lo guardan, incluyendo al gobierno. Luego entonces, ¿a quién se le puede culpar de este limbo jurídico en el cual están moviendo esos recursos? ¿Al Senado? ¿Al gobierno? ¿La SHCP?
Recuerdo ahora la enseñanza de un ex panista y otrora autoridad federal cuando le cuestioné sobre el desacatado de su dependencia ante la tardanza por emitir una regulación. Me dijo: “Nadie está obligado a cumplir lo imposible y cómo yo no puedo resolverlo; van a seguir chingándome. Entonces no me agüito”.
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