El sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares la República Mexicana aseguró que el laudo condenatorio al pago de los 55 millones de dólares carece de validez jurídica y no existe la obligación de pagar, además de que lamentó que la Junta de Conciliación y Arbitraje siga sumergida en la corrupción y bajo el control de grupos empresariales.
En rueda de prensa, el equipo jurídico de esta organización sindical sostuvo que existen pruebas más que suficientes para lograr que se revierta el fallo, sobre todo porque el Tribunal Colegiado va a determinar que no está debidamente cumplida su sentencia de amparo a favor de esta organización y le va a pedir a la JFCyA dicte un nuevo laudo.
El abogado Mario Muñoz Saavedra explicó que el Tribunal va a dar vista con el laudo y “vamos a manifestar que en la sentencia 912/2018 se otorgó́ un amparo al Sindicato para que se dictará un laudo de 25 expedientes, pero que solo se tomaron en cuenta 21”.
Acompañado por los abogados Nahir Velasco, Oscar Alzaga, y el tesorero del sindicato, José Ángel Hernández, dijo que los expedientes donde se acreditó el pago de 23 millones de dólares, los que tienen las sentencias de los tribunales colegiados en materia penal, los dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que prueban fehacientemente que el dinero es del sindicato y que no hay obligación de pagar, siguen sin ser tomados en cuenta.
Dio a conocer que se va a promover un amparo a nombre del sindicato y del senador Napoleón Gómez Urrutia para volver a impugnar el fondo del asunto, ya que hasta ahora no se tomado en cuenta, por lo que anticipó que en los siguientes
meses y años no existirá la obligación de hacer ningún pago porque el caso sigue pendiente de impugnaciones.
Velasco subrayó que esta acción es una venganza de la Presidenta de la Junta María Eugenia Navarrete Rodríguez, y de Grupo México y de un grupo de empresarios en contra del sindicato y de su dirigente nacional, por impulsar la regulación de la subcontratación y la defensa de los derechos de los trabajadores.
Puntualizó que es evidente que la Cuarta Transformación no ha pasado por la Jaca, ya que impera la corrupción y subsisten funcionarios de administraciones pasadas, que han estado y están al servicio de grupos empresariales.
A su vez, Hernández agregó que esta organización sindical tiene todos los elementos para defenderse e incluso la Jaca tiene en su poder las pólizas de los pagos que se hicieron a los trabajadores de Cananea y se realizó, además, una auditoría internacional.
Dejó en claro que tienen los argumentos suficientes para defender a la organización sindical y a su dirigente Gómez Urrutia, pero no implicará un rompimiento político con el presidente Andrés Manuel López Obrador.