El pasado viernes, el presidente López Obrador mandó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma en materia petrolera que puede significar pérdida de la inversión privada.
Esto puede permitir que tanto la Secretaría de Energía (Sener) como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), basadas en sus facultades, suspendan de manera temporal los permisos de manejo, almacenamiento, transporte o distribución de petrolíferos e hidrocarburos ante supuestos “riesgos inminentes” a la seguridad nacional, energética o hasta contra la economía, según el Presidente.
Si bien se quiere que “las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo” versus la IP, le están devolviendo lo que no pudo solventar Pemex. La petrolera debe más de 110 mil millones de dólares.
No solo es eso, este proyecto de reforma trae complicaciones en competencia e inversión de la iniciativa privada. Significa quitarle permisos a las gasolineras para dárselas a Pemex, como cuando antes era su monopolio en este energético. Este análisis también lo comparte el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En pocas palabras, es una expropiación que en nada beneficiará a los mexicanos. Si sumamos esta nueva idea, con lo que venía de la reforma eléctrica de empoderar a la CFE, la desconfianza de los inversionistas en México será gigantesca. De por sí con los dichos del Presidente contra empresas privadas la gente le cree… ahora a ver qué puede pasar.
Porque, por cierto, esto tampoco va a significar que los precios de la gasolina vayan a bajar, “a otro perro con ese hueso”, ya que eso lo determina el mercado internacional. Pemex tenía gasolinazos en el pasado, de volver a tener el control, los seguirá teniendo como con G500, BP, Shell, One y las que se les ocurre que han cargado en los últimos días.
Sin inversión extranjera, México no crece, y parece que la lección de la cancelación del NAIM no se aprendió.