Golpe a los El Mann; juez ordena entregar la posesión del terreno en hotel de Playa Mujeres
noviembre 20, 2024El Juzgado Oral Civil de Primera Instancia de Quintana Roo solicitó a SLS Hotels Playa Mujeres, operado por Accor y Ennismore, entregar la posesión de una propiedad involucrada en un presunto despojo, según el expediente 640/2024 del Juzgado Civil Oral de Cancún.
El juez determinó que existían razones suficientes para emitir una medida cautelar que ordenó la entrega inmediata del terreno en un plazo de tres días. El fallo respondió a una denuncia de que la empresa despojó al propietario legítimo y asentó parte de su desarrollo turístico sobre la propiedad en disputa.
Como resultado de este mandato, el desarrollo turístico quedó sin accesos ordinarios, de emergencia y sin estacionamiento, lo que dificulta garantizar seguridad y salubridad para los huéspedes.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) investiga posibles actividades ilícitas relacionadas con el desarrollo, incluyendo presuntos actos de despojo y corrupción. Estas investigaciones forman parte de la carpeta FGE/QROO/BJ/10/20048/2024, en curso.
A principios de mes, la FGE aseguró el desarrollo turístico debido a estas presuntas irregularidades. Sin embargo, Moisés El Mann Arazi y Alberto Bazbaz rompieron los sellos de aseguramiento. Pese a realizarse audiencias de control en menos de 24 horas, el levantamiento del aseguramiento no se concretó al no demostrar los interesados ser propietarios ni tener interés jurídico sobre el inmueble.
La FGE retiró el aseguramiento 48 horas después, aunque la decisión inicial había sido avalada por el juez de control. Esto ocurrió en un contexto donde El Mann Arazi, accionista mayoritario de Fibra Uno, ha enfrentado acusaciones por lavado de dinero, habiendo pagado 2 mil millones de pesos bajo un criterio de oportunidad en 2020.
El desarrollo SLS Hotels Playa Mujeres, con 498 habitaciones, se encuentra en Paseo Mujeres, Cancún. La empresa habría ocupado ilegalmente terrenos colindantes para corregir deficiencias en su infraestructura y obtener permisos de operación.
Además, se señala que manipularon información para ocultar estas deficiencias y facilitar la obtención de los permisos necesarios.
El caso pone en foco las relaciones entre desarrollos turísticos, propietarios legales y autoridades locales, generando cuestionamientos sobre la aplicación de las normativas.
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