El proceso que lanzó el gobierno capitalino enfocada al suministro de alimentos para centros penitenciarios de la capital podría ser un ‘traje a la medida’ para La Cosmopolitana, empresa del Corporativo Kosmos que ha sido sancionada en al menos 34 ocasiones por proveer comida contaminada o en mal estado en penales federales, denuncian.
Las especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nacional 30001004-001-2020 que publicó el Gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, apuntan a que sólo dicha empresa podría cumplir con los requisitos.
Entre los requerimientos técnicos a modo están la solicitud de dos certificados H exclusivamente emitidos por centros penitenciarios, diferentes a los certificados H emitidos por la Secretaría de Turismo/ Secretaría de Salud que se pidieron el año pasado.
Además de requerir los certificados de competencias laboral emitidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), un aspecto concreto que sólo podría cumplir La Cosmopolitana, dado que otras empresas cuentan con los documentos válidos como cédula, título, certificados de captación, entre otros, pero no los de CONOCER, otro requisito no incluido en 2019.
Encabezada por el empresario Jack Landsmanas, La Cosmopolitana fue también una de las compañías beneficiadas durante la administración de Miguel Ángel Mancera y la proveedora favorita en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, obteniendo contratos multimillonarios pese a las múltiples sanciones en su contra.
El proceso del que podría sacar ventaja es para suministrar víveres e insumos alimenticios para el Procesamiento de Alimentos para la totalidad de reos, adolescentes en conflicto con la ley, preliberados en tratamiento, así como personal técnico y administrativo en centros penitenciarios, para la “Casa De Medio Camino” y en comunidades de atención especializada para adolescentes.
En 2016, La Cosmopolitana fue multada por suministrar alimentos con salmonela a reos del Penal de Puente Grande, Jalisco, mientras que en 2011 se presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la firma por distribuir comida antihigiénica a los reos. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que de llegarse a comprobar la corrupción en penales de México respecto al tema alimentario, los contratos con las proveedoras se cancelarán.