El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recibió reclamos de los trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), quienes denunciaron omisiones en la aplicación de la Ley Federal del Trabajo.
Los obreros señalaron que Alejandro Martínez Araiza, secretario general del sindicato, no informó sobre la administración del patrimonio sindical que, por concepto de cuotas, alcanzó los 500 millones de pesos. Los trabajadores exigieron transparencia en el manejo de recursos sindicales.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no resolvió las demandas de cancelación del registro de Martínez Araiza ni la anulación de las elecciones sindicales, como solicitaron diversos grupos de trabajadores inconformes con la gestión del dirigente.
Las inconformidades también incluyeron denuncias de que el secretario general registró la sigla del sindicato como marca propia y trató de hacer lo mismo con la denominación Casa Frida, lo que generó críticas entre los agremiados.
El artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo establece que los dirigentes deben presentar actas de asamblea con información sobre el patrimonio sindical. Los trabajadores afirmaron que ese requisito no se cumplió en el caso del SNAC.
Reelección de Alejandro Martínez Araiza en el SNAC
Martínez Araiza resultó reelecto como secretario general el 15 de abril por un nuevo periodo de seis años. Durante este proceso no entregó actas de asamblea a las autoridades laborales ni a los trabajadores del sindicato.
Los agremiados acusaron que en las elecciones se presentó una sola planilla, encabezada por Martínez Araiza, lo que limitó la participación de otros contendientes y provocó dudas sobre la legitimidad del proceso interno.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tampoco emitió sanciones contra la dirigencia sindical por la falta de transparencia, lo que motivó que los trabajadores interpusieran recursos legales para exigir la reposición de las elecciones.
Funcionamiento del Comité Ejecutivo Nacional del SNAC
Los trabajadores denunciaron que el Comité Ejecutivo Nacional se conformó sin consulta a la base trabajadora. Según los reclamos, Martínez Araiza designó los cargos a discreción, sin procesos democráticos ni convocatoria abierta.
La coalición de trabajadores promovió un amparo judicial contra el proceso de reelección y contra la actuación del Comité. Los inconformes solicitaron que se repongan las elecciones internas en condiciones legales y transparentes.
El retraso de las resoluciones judiciales incrementó el descontento entre los obreros, quienes argumentaron que la falta de sanciones por parte de las autoridades laborales favoreció la permanencia de Martínez Araiza en la dirigencia del sindicato.
Los trabajadores reiteraron que el incumplimiento en la entrega de actas de asamblea y la ausencia de rendición de cuentas debilitan la confianza en las instituciones laborales y en los órganos de representación sindical.