La Asociación de Internet MX rechazó la aprobación del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026.
El nuevo artículo otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la facultad de acceder en tiempo real y de manera permanente a las bases de datos de plataformas digitales que operan en el país.
Reprochó que la decisión en la Cámara de Diputados se tomó pese a advertencias de académicos, organizaciones civiles y actores de la industria digital, cuyas observaciones no fueron consideradas completamente en el proceso legislativo.
Según la Asociación, la medida se presentó con el argumento de mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita un sistema de vigilancia sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones de privacidad de millones de usuarios sin orden judicial ni límites procesales claros.
Riesgos para la privacidad y la economía digital
La Asociación de Internet MX asegura que el acceso irrestricto del SAT a los sistemas digitales pondría en riesgo los datos personales de millones de usuarios. Aunque el acceso se limitaría a información fiscal, la autoridad “podría” adquirir una “llave maestra” para acceder sin control judicial a información sensible.
También considera que las sanciones por incumplimiento serían desproporcionadas. El bloqueo temporal o permanente de plataformas digitales por parte del SAT, el IMSS o el Infonavit implicaría que los servicios serían inaccesibles para todos los usuarios en territorio nacional, generando pérdidas económicas y afectaciones al ecosistema digital.
La Asociación dice que el artículo 30-B contraviene el artículo 16 constitucional y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la protección de datos personales.
De acuerdo con la organización, la medida también afectaría la economía digital, pues abriría la posibilidad de exposición de secretos industriales y castigaría a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que dependen del internet para operar. Esto desincentivaría el uso de la economía digital y promovería un retorno a negocios físicos con menor regulación.
El documento también advierte un incremento en los riesgos de ciberseguridad, ya que conectar en tiempo real sistemas gubernamentales con plataformas en la nube podría facilitar la intercepción o infiltración de datos sensibles por parte de delincuentes cibernéticos.
Llamado al Senado y propuestas de modificación
La Asociación de Internet MX señaló que las modificaciones hechas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público no fueron suficientes para reducir los riesgos.
Ante esta situación, la organización realizó un llamado al Senado de la República para revisar la medida antes de que México sea percibido como un país que legaliza la vigilancia masiva.
La Asociación reconoció la legítima preocupación por combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, pero insistió en que esto debe lograrse sin sacrificar derechos fundamentales. Propuso eliminar el acceso en tiempo real y sustituirlo por auditorías selectivas con orden judicial, además de establecer candados para proteger secretos industriales y datos personales.
Sugirió mecanismos seguros de acceso con autenticación multifactor y registros de auditoría, sanciones proporcionales y una fase piloto antes de aplicar el modelo general. También planteó regímenes simplificados para las MiPyMEs y mantener el principio de responsabilidad limitada de los intermediarios conforme al T-MEC y los estándares internacionales.
La Asociación de Internet MX reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno de México en el diseño de un marco fiscal digital que cumpla con sus objetivos recaudatorios sin vulnerar derechos fundamentales.