Transportistas, un balazo en el pie; por Hugo González en ContraRéplica

Quien diga que viajar por las carreteras de México es toda una aventura tiene razón. Hay quienes disfrutan los paisajes, las curvas y los puestos de garnachas, pero también quienes viven una experiencia digna de Rápidos y Furiosos, aunque sin Vin Diesel, sin glamour y con muchas posibilidades de terminar asaltados, extorsionados o abandonados a su suerte.

Pero una cosa es reconocer que nuestras carreteras necesitan seguridad y otra muy distinta es tragarnos el cuento de que los bloqueos organizados por algunos transportistas responden exclusivamente a esa exigencia. ¡Ay, ternuritas! Tampoco nos quieran vender un tráiler cargado de intereses políticos como si fuera una noble cruzada por la paz.

Porque sí, la inseguridad carretera es real y preocupante. Se necesitan más elementos federales y estatales vigilando corredores logísticos, operativos contra bandas dedicadas al robo de mercancías y acciones para frenar las extorsiones que padecen los operadores.

Y no solamente hablamos del crimen organizado. También están esos policías municipales y agentes de fiscalización que descubrieron en los camiones de carga una especie de cajero automático con ruedas. Aprovechan reglamentos ambiguos, inventan infracciones y exigen mordidas para permitir que las unidades continúen su camino. Urge homologar disposiciones estatales y municipales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Tampoco podemos ignorar que los robos de mercancías encarecen las pólizas de seguros y complican la cobertura de determinadas rutas. La inseguridad termina convirtiéndose en un impuesto adicional para toda la cadena logística.

Hasta ahí, las demandas tienen sentido. El problema comienza cuando algunos dirigentes deciden utilizar esas legítimas preocupaciones como envoltura de otros intereses menos románticos.

Resulta curioso que ahora algunos transportistas presenten estos problemas como si hubieran nacido con la 4T. Las quejas existen desde los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Recuerdo conversaciones con funcionarios y publirrelacionistas federales que, entre 2004 y 2007, ya advertían sobre robos, extorsiones y abusos contra los operadores. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, salvo las ganas de cerrar carreteras.

Detrás de las movilizaciones también aparece lo que realmente les molesta: las inconformidades fiscales, particularmente relacionadas con deducciones, acreditamientos y gastos operativos, incluidos los pagos de casetas. Son asuntos que merecen discutirse con cifras y reglas claras, especialmente porque los abusos en determinados esquemas de deducibilidad también motivaron restricciones.

Pero presentar una controversia tributaria como si fuera exclusivamente una emergencia de seguridad resulta bastante conveniente. Es como reclamar que no funciona el WiFi cuando lo que realmente molesta es pagar la mensualidad.

Además, desde el gobierno federal se han señalado presuntos intereses partidistas detrás de determinados liderazgos gremiales, particularmente vinculados con el PRI. Son acusaciones que requieren pruebas, pero también explican por qué otras organizaciones transportistas prefieren deslindarse de los bloqueos y mantener abiertos los canales institucionales.

Porque mientras existen mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, algunos dirigentes parecen convencidos de que cerrar autopistas constituye una sofisticada estrategia de negociación. No necesariamente.

Lo lamentable es que esta estrategia termina opacando exigencias perfectamente razonables: aclarar las reglas sobre tiempos de conducción y descanso, rehabilitar carreteras deterioradas y combatir la competencia desleal de flotas que incumplen normas de peso, dimensiones y condiciones mecánicas.

Son temas que necesitan soluciones técnicas, presupuesto y supervisión. No kilómetros de automovilistas atrapados mientras alguien presume músculo gremial.

Porque bloquear carreteras no solamente presiona al gobierno; también castiga a clientes, proveedores, consumidores y colegas transportistas.

Cada cierre retrasa alimentos, medicamentos, materias primas y mercancías. También deja varadas a personas que pierden jornadas laborales, consultas médicas o compromisos familiares. Y todo para que algunos dirigentes puedan presumir que lograron paralizar al país.

¡Felicidades, campeones! Qué manera de conquistar simpatías.

Lo más absurdo es que los pequeños permisionarios y operadores independientes también pagan los platos rotos. Muchos viven de mantener sus unidades circulando diariamente. Si no ruedan, no facturan. Y si no facturan, tampoco comen.

Así que quienes creen estar castigando exclusivamente al gobierno terminan golpeando a sus propios clientes y compañeros del volante.

Conviene recordar, además, que Canacar y otras organizaciones no necesariamente comparten las decisiones de los grupos que convocan bloqueos. Meter a todo el autotransporte en el mismo costal sería tan injusto como responsabilizar a todos los automovilistas por las ocurrencias de un conductor.

Los dirigentes que apuestan por el despapaye deberían revisar su estrategia. Porque cerrar las rutas de quienes pagan por sus servicios no parece precisamente una genialidad empresarial.

Quieren presionar al gobierno, pero terminan disparando contra su propio negocio.

Y eso, queridos transportistas, se llama darse un balazo en el pie.

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