Control de 600 millones de pesos para servicios federales genera alertas internas en INDAABIN

Las Administraciones Únicas regionales dejaron de operar los accesos financieros para servicios en inmuebles federales tras una solicitud de la Dirección de Administración del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), movimiento que involucra más de 600 millones de pesos y ha generado cuestionamientos internos.

Dependencias del gobierno federal que conviven en los Inmuebles Federales Compartidos (IFC) requieren servicios permanentes de seguridad, limpieza, fumigación y jardinería, rubros que históricamente se han solventado con recursos ejercidos por las Administraciones Únicas responsables de su operación.

Hacia el cierre de 2025, comenzó a plantearse formalmente al interior del instituto un proceso para que el área administrativa central tomara el control absoluto de esos accesos financieros.

Álvaro Lomelí Covarrubias, director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, firmó el 3 de diciembre de 2025 el oficio DGAPIF/2903/2025, el cual fue remitido a la Dirección de Administración, Operación y Mantenimiento de Inmuebles Federales Compartidos como parte de dicha estrategia.

Tarjetas físicas o digitales, dispositivos electrónicos, usuarios, contraseñas y herramientas utilizadas por las Administraciones Únicas para disponer de recursos económicos de los IFC son los elementos que el documento oficial demanda entregar de forma inmediata.

Mecanismos de control y transparencia en el manejo de los recursos financieros vinculados a los inmuebles federales compartidos se verán fortalecidos con esta solicitud, según lo expuesto en el propio oficio emitido.

Pablo Escalona Almeraya encabeza el instituto donde fuentes internas advierten que, ante la falta de mecanismos de rendición de cuentas, esta medida se percibe como una oportunidad para centralizar las decisiones sobre los contratos de operación de inmuebles para 2026.

No se autorizarían prórrogas para cumplir con la entrega de la información, precisa de forma tajante el documento, el cual establece además que el envío debía realizarse por paquetería a más tardar el 8 de diciembre de 2025.

Raquel Buenrostro, al frente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sería la encargada de valorar si el proceso se ajustó al marco normativo y determinar si es necesaria una revisión formal para garantizar la transparencia en los recursos federales, consideran voces internas.

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