Tras la reforma laboral del 1 de julio, Rappi México inició el proceso de formalización de repartidores con un esquema estructurado. La empresa registró inicialmente a 100,000 repartidores activos en los últimos tres meses y cerró julio con un total de 150,000 registrados.
La estrategia incluyó registrar a los repartidores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de que comenzaran a trabajar. Este mecanismo busca establecer un marco regulatorio claro en las relaciones laborales de la plataforma con su fuerza de trabajo.
Iván Cadavid Silva, director general de Rappi México, señaló que el proceso de la reforma demandó diálogo constante y participación de distintos actores. Destacó que la reforma laboral plantea retos que la empresa busca resolver de manera gradual.
Cadavid subrayó que la formalización laboral en plataformas digitales representa una respuesta coherente con los lineamientos que promueven el uso de la tecnología en Latinoamérica. Afirmó que rappi méxico trabaja en mecanismos para garantizar que la transición no afecte la operación.
Isabella Mariño Rivera, directora de asuntos públicos de rappi méxico, explicó que la reforma laboral genera beneficios directos en temas de seguridad social y protección. Precisó que los repartidores tendrán acceso a un seguro de riesgos de trabajo en caso de accidentes laborales.
Acceso a seguridad social y condiciones laborales
Mariño destacó que uno de los principales cambios consiste en asegurar que el cien por ciento de la flota tenga cobertura ante riesgos de trabajo. Con esto, cualquier repartidor que sufra un accidente contará con atención médica y beneficios asociados.
La directiva mencionó que los repartidores con ingresos mayores al salario mínimo quedarán dados de alta en la seguridad social, lo que les permitirá acceder a servicios de salud y prestaciones adicionales. Este esquema pretende cubrir distintos niveles de ingreso.
En contraste, quienes no alcancen ese umbral mantendrán su estatus como trabajadores independientes. Sin embargo, se diseñaron esquemas alternativos que permiten a este grupo explorar opciones de formalización laboral de manera gradual.
Periodo de prueba y análisis conjunto
La implementación de estas medidas se lleva a cabo mediante un programa piloto de 180 días. Durante este tiempo, el gobierno y la empresa analizan cómo los repartidores se adaptan a la nueva regulación.
El objetivo de la evaluación es mantener la flexibilidad de los repartidores y reforzar la educación sobre los beneficios del registro formal. Entre estos beneficios se incluye el acceso a seguro de riesgos de trabajo y cobertura médica en caso de incidentes.
La reforma también tiene como meta asegurar que los trabajadores con mayores ingresos puedan integrarse plenamente a la seguridad social. No obstante, un sector de repartidores continuará desempeñándose como independiente, bajo esquemas alternativos.
El proceso de formalización se encuentra en una etapa de transición y adaptación. Los resultados y cifras definitivas se darán a conocer una vez concluido el periodo de prueba de seis meses establecido en la normativa.