El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Lerma, aseguró que el gobierno federal espera el año entrante ingresos por 8.7 billones de pesos, lo que representa 520 mil mdp más o 6.3% en términos reales respecto al cierre de este año.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que la política de ingresos se basa en fortalecer la eficiencia recaudatoria, a través de mecanismos de prevención, detección y sanción de conductas que afectan la hacienda pública como son el contrabando, la evasión y la elusión fiscal, con el fin de que todos contribuyamos de una manera más justa y equitativa.
“Es un paquete que sigue los principios del Humanismo Mexicano que busca proveer los recursos necesarios para financiar programas sociales, inversión en infraestructura y los servicios públicos, entre otros, y con un enfoque que se basa en el principio de la Cuarta Transformación: Por el bien de México, primero los pobres y seguir cerrando las brechas que se crearon en los gobiernos neoliberales”, expresó a los diputados.
Aseguró que los ingresos de 2026, parten del escenario de cierre contemplado para 2025 de 8.2 billones de pesos, los cuales se actualizan con las variables establecidas en los Criterios Generales de Política Económica, que ya comentará a más detalle la subsecretaria del Ramo pero que básicamente proyectan un crecimiento de la economía, una inflación convergente a la meta del Banco de México y un tipo de cambio en niveles competitivos.
Lo importante de este Paquete, señaló a los legisladores, es destacar la estrategia integral de recaudación que:
– busca fortalecer los ingresos tributarios
– Considera la ejecución de los planes de negocios de los organismos y empresas del Estado como PEMEX, CFE, IMSS, ISSSTE, entre otros.
– Asimismo, contempla medidas extrafiscales dirigidas a disminuir el consumo de bienes y productos que año tras año generan efectos negativos en la salud de la población y un importante impacto en el sistema de salud.
– Adicionalmente, agregó, en el contexto del Plan México, se están proponiendo una serie de medidas de actualización y homologación, así como una revisión de los Impuestos Generales de Importación que impulsen la producción nacional y la competitividad de sectores estratégicos para el país.
Para Carlos Lerma este diseño garantiza un balance entre responsabilidad fiscal y suficiencia recaudatoria, proporcionando un marco de certidumbre para los contribuyentes y el futuro para el país.
Expuso que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio F2026, como instrumento rector de la política de ingresos contempla:
1. Ingresos petroleros por 1.2 billones de pesos, lo que representaría 1.9% más a lo contemplado en la LIF 2025. Se considera una plataforma de producción de 1.79 millones de barriles diarios, 4.7% mayor al estimado del cierre y un precio promedio de 54.9 dólares por barril.
2. Ingresos tributarios sólidos. Se estiman en 5.8 billones de pesos o 5.7% más en términos reales, lo que por primera vez representará el 15.1% del PIB, producto del uso intensivo de herramientas digitales, de acciones de fiscalización más efectivas y de medidas propuestas.
El crecimiento de la recaudación se basa en un desempeño económico positivo, un comercio exterior robusto y un consumo interno fuerte, gracias a los incrementos salariales de más de 130% en términos reales durante los últimos seis años y un desempleo en mínimos históricos.
El incremento se da principalmente por aumentos en la recaudación del ISR, IEPS e impuestos generales de importación derivados también del reforzamiento de mecanismos de supervisión en aduanas y de la Política para reforzar el Plan México.
3. Los Ingresos no tributarios por derechos, productos y aprovechamientos, contemplan criterios de eficiencia y actualización de costos de las dependencias, la recaudación esperada para 2026 de estos ingresos no tributarios es de 377 mil mdp, 11.2% mayor en términos reales, sin considerar los ingresos extraordinarios de este ejercicio provenientes de los remanentes de Banxico y la extinción de algunos fideicomisos.
De acuerdo con el subsecretario, en esta Ley se proponen algunas medidas administrativas y de actualización, con el objeto de evitar prácticas que disminuyen la base impositiva y que permiten la evasión, o bien para homologarlas con otros modelos de negocios, y continuar en la construcción de un sistema recaudatorio más justo y equitativo.
Dentro de estas medidas destacan las siguientes:
– Que las cuotas pagadas por los Bancos al Fobaproa no sean deducibles.
– Que las Instituciones de Financiamiento Colectivo, las llamadas Fintech, cumplan con la obligación de retener IVA e ISR por el pago de intereses en las operaciones que participan como intermediarios, igual que como lo hacen las demás instituciones financieras.
– Homologar la tasa de retención que realizan las Plataformas Digitales de Intermediación a las personas físicas con la del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) a 2.5% y del 4% tratándose de personas morales.
– Actualizar a condiciones de mercado, las tasas de retención provisional de intereses que realizan los bancos, hago hincapié en que no es un incremento en la tasa del ISR, las personas seguiremos pagando el mismo impuesto por intereses que lo que estamos pagando en este año, y también una actualización en la tasa de recargos por pagos en créditos fiscales, entre otras.
El titular de Ingreso de la SHCP dijo que se agregan medidas para fortalecer la competitividad y el desarrollo, por ejemplo, en el sector financiero se propone el cambio de base y la tasa de retención en operación de préstamo de valores; se actualizan algunos supuestos aplicables a las figuras jurídicas extranjeras que administren inversiones de capital privado. Lo anterior, con el fin de incentivar los esquemas de inversión y desarrollo en nuestro país.
Finalmente, señaló que se continuará fomentando el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones ampliando la vigencia y el alcance del programa de regularización para Pymes vigente en 2025 y proponemos extender el beneficio a empresas que vendan hasta 300 millones de pesos, en comparación con los 35 mdp de la medida actual.