Legaltech acelera y abarata los divorcios en México

En 2024 más de 161 mil parejas en México disolvieron su matrimonio: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 161,932 divorcios ese año, de los cuales 89.6% se resolvieron por la vía judicial y 10.4% por la vía administrativa. La tasa reportada equivale a 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios, con las tasas más altas en Campeche, Nuevo León y Tamaulipas. Estos números reflejan no solo un cambio demográfico sino también una demanda creciente por trámites más rápidos, transparentes y económicos.  

Los tipos de divorcio en México varían según el acuerdo entre cónyuges, la existencia de bienes en común, hijos y la vía (administrativa o judicial). El divorcio administrativo —cuando hay mutuo acuerdo y no hay controversias sobre hijos o bienes— suele ser más rápido y de menor costo; en estados como Ciudad de México los derechos administrativos rondan los $1,500–$1,700 MXN en 2024. 

En contraste, los divorcios judiciales (contenciosos o con disputa patrimonial/guardia) implican múltiples audiencias, peritajes y honorarios que elevan el costo total: estimaciones periodísticas y de consultorías legales colocan promedios que pueden superar los $10,000–$12,000 MXN cuando se incluyen honorarios, notificaciones y peritajes.  

Los registros muestran que la edad promedio al divorcio se ubica alrededor de los 41 años en mujeres y 44 en hombres, lo que sugiere que muchas separaciones ocurren tras décadas de convivencia o cuando cambian circunstancias laborales y familiares. Además, mientras aumentan los divorcios entre parejas heterosexuales por volumen absoluto, también se han reportado variaciones en divorcios entre parejas del mismo sexo en los últimos años.  

Tecnología que transforma

Aquí es donde entran las legaltech: plataformas diseñadas para despachos y departamentos jurídicos están transformando el proceso. Las soluciones de gestión legal permiten digitalizar expedientes, automatizar generación de oficios y demandas, llevar control de plazos y pagos, y ofrecer reportes en tiempo real que reducen errores, aceleran tiempos judiciales y transparentan costos al cliente. Para casos de divorcio, eso se traduce en menores gestiones presenciales, seguimiento claro de cada etapa (notificaciones, audiencias, acuerdos) y facturación ágil que evita cargos sorpresa.  

LemonTech, empresa líder en soluciones tecnológicas para el sector jurídico en América Latina, ofrece herramientas concretas para este escenario como CaseTracking y TimeBillingX, entre otras, que centralizan la gestión de expedientes, automatizan el seguimiento de juicios y permiten a los despachos gestionar tiempos y facturación con trazabilidad. Esto reduce la carga administrativa de los abogados y permite ofrecer al cliente plazos y presupuestos más certeros desde la etapa inicial del divorcio. 

“La tecnología no sustituye al abogado; lo potencia con datos y procesos automatizados, las firmas pueden ofrecer procesos de divorcio más rápidos, menos costosos y con mayor transparencia para las partes”, afirma Marco Antonio Orellana, Head of Legal de LemonTech.  

Entre los beneficios concretos que aportan las legaltech en los procesos de divorcio destacan la reducción de tiempos administrativos gracias a la digitalización de pruebas, la gestión documental automatizada y el uso de notificaciones electrónicas que eliminan demoras innecesarias. 

Además, permiten un mayor control de costos para el cliente, ya que los despachos pueden ofrecer presupuestos más previsibles y facturación por etapas, con total transparencia en cada fase del proceso. Finalmente, estas herramientas facilitan la trazabilidad y el cumplimiento de plazos legales, minimizando errores procesales que suelen derivar en retrasos o re-trámites, lo que se traduce en procesos más ágiles, eficientes y confiables para todas las partes involucradas.

Ante el panorama de más de 161 mil divorcios anuales, la adopción de soluciones tecnológicas por parte de despachos y juzgados no es solo una ventaja competitiva: es una respuesta práctica para ofrecer servicios más eficientes, éticos y accesibles. 

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