Invertir “solo” 2% del PIB; por Hugo González en ContraRéplica
febrero 4, 2026Al principio pensé que se trataba de desinterés de algunos colegas reporteros de la Mañanera. Luego lo atribuí a la confusión técnica que aparece cuando los números se vuelven largos. Pero cuando revisé portales, notas rápidas y encabezados, me frustré. ¿Cómo una inversión pública equivalente a 2 por ciento del PIB puede pasar casi inadvertida por los medios?
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Tan solo para este año se destinarán 722 mil millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado en energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. No es un ajuste menor ni un movimiento contable creativo. Es dinero nuevo.
Se trata de una decisión deliberada de colocar la inversión pública en el centro de la política económica. Si la trayectoria se mantiene durante el sexenio, el monto acumulado alcanzará 5.6 billones de pesos adicionales para sectores estratégicos. Billones, con “b”, de bienestar, pero también de buena intención.
Intenté comparar esta cifra con los últimos tres sexenios. La tarea resultó más complicada de lo esperado. Cada fuente mide algo distinto. Sea la inversión física presupuestaria, el gasto público total, la infraestructura productiva o porcentajes del PIB; cada uno dice lo que quiere. Al final, la comparación directa en pesos corrientes se vuelve un campo minado.
Lo que sí es claro es que, durante el periodo neoliberal, la inversión en infraestructura sufrió recortes recurrentes. El gasto corriente ganó la pelea presupuestal y la obra pública quedó, muchas veces, en la banca.
Incluso Felipe Calderón bautizó a su administración como el sexenio de la infraestructura, con una retórica que prometía ser la mayor “del mundo mundial”. En la práctica, buena parte de esa estrategia descansó en Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). El privado financiaba, construía y operaba; el gobierno pagaba durante años. Calderón incluso promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
La inversión mixta que ahora se plantea no replica aquellas APP donde el Estado cedía concesiones y asumía pagos de largo plazo con costos financieros elevados. Ahora el Estado conserva la propiedad y la rectoría de los proyectos, sin trasladar soberanía ni comprometerse con financiamientos onerosos.
Las inversiones mixtas permiten acelerar proyectos sin depender de un solo presupuesto, definen reglas claras, comparten beneficios y protegen las finanzas públicas, mientras se priorizan objetivos sociales. El capital privado entra como complemento, no como sustituto del Estado.
Tal vez todo esto pasó desapercibido por falta de contexto y no como un silencio deliberado. Porque minimizar una inversión pública adicional de 5.6 billones de pesos no es algo menor. Es, por lo menos, un tema que merece una mención.
