Urge política de Estado para resolver radiocomunicación en seguridad pública: especialista

En diciembre de 2020, el gobierno federal anunció la creación de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR), la cual, según Ricardo Corral, experto en seguridad pública; mejorará, modernizará y consolidará las comunicaciones de seguridad en México.

El Acuerdo fue lanzado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que dirige Rosa Icela Rodríguez, anunciado por un largo periodo de tiempo, y definiría la política del Estado Mexicano en materia de radiocomunicación para una estrategia nacional capaz de articular los esfuerzos, recursos y capacidades de las entidades públicas, dependencias y empresas de seguridad pública.

Con ello, se pondría fin a distintas problemáticas que llevaron a debilitar la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) existente, y a la proliferación de redes locales inconexas, heterogéneas y duplicadas, afectando el desempeño de las corporaciones policiales y sus esfuerzos por reducir la inseguridad nacional.

Según el experto, hoy día la carencia de una política y de un plan estratégico, son causas centrales del deterioro de la radiocomunicación para la seguridad pública, además, la nula implementación de reglas claras, espacios de discrecionalidad y la suma de distintas contradicciones, generaron obstáculos sustanciales, que impidieron la consolidación de la RNR también conocida como red IRIS.

Para iniciar, el llamado ‘acuerdo’ busca establecer otra red compuesta por las redes de radiocomunicación de Seguridad Pública, similares y/o compatibles, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La nueva red de redes federales podría constituir un componente valioso para incorporarse a la necesaria política de Estado.

Ricardo Corral, acota que sólo autoridades federales integran la instancia rectora que el ‘acuerdo’ crea, y no se incluye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de la coordinación de estados y municipios en la materia, de manera que sería vital que el gobierno establezca con claridad la relación entre la RNR y la RINR.

Además, no se establece la estrategia y/o lineamientos a seguir. Al tratarse de una red nueva, el ejecutivo federal decide primero crear una Comisión interinstitucional para que sea ésta la que defina las acciones, protocolos, lineamientos y demás elementos necesarios para su conformación, desarrollo, modernización y actualización.

Por otro lado, las entidades federativas y municipios no están obligados a vincularse con la nueva RINR, lo que significa que los gobiernos estatales pueden voluntariamente suscribir un convenio de colaboración para integrarse. Los gobiernos municipales fueron excluidos de los artículos o cláusulas del ‘acuerdo’. Eso significa que el cumplimiento del mismo no se puede invocar para obligar a los gobiernos subnacionales a cambiar o migrar sus redes a la nueva RINR.

Las implicaciones del anteriormente mencionado son para 2021-2022, es decir, que el Comité interinstitucional tiene la tarea de diseñar y aprobar los elementos para cumplir con el objeto del mismo, lo que tomará tiempo. Tiene poco más de medio año para emitir los protocolos, lineamientos y modelos de convenios requeridos, lo que significa que los trabajos podrían empezar hacia julio o agosto de 2021.

El experto afirma que en el marco presupuestal para 2021, se deberá asegurar que las instituciones que se vayan a coordinar para el cumplimiento del ‘acuerdo’ cuenten con el dinero para hacerlo. No obstante, dado que los requerimientos que determinarán los recursos exhortados quedarían definidos hacia la segunda mitad del año, difícilmente fueron incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

En este sentido, de acuerdo con el especialista, para resolver el problema de fondo se necesita establecer una política de Estado en materia de radiocomunicación. Es fundamental ordenar la evolución de la red, darle estructura mediante una estrategia nacional que articule los esfuerzos de todos los involucrados, que diga qué se hará con la red actual, cómo, cuándo, qué será de cada estado y sus activos.

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