Cuando el plazo legal deja de importar

Claves del Futuro

El Instituto Nacional del Derecho de Autor promete agilizar el registro de obras, pero los retrasos, las respuestas automáticas y el incumplimiento de sus propios plazos siguen generando incertidumbre entre autores y editores.

Jorge Arturo Castillo

Hace siete meses publiqué en este espacio una columna sobre las dificultades que enfrentan autores y editoriales para registrar sus obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Días después recibí una invitación inesperada: la directora general del instituto, Karina Luján Luján, quería escuchar de primera mano las inquietudes que habíamos expresado. La reunión fue cordial, hubo apertura al diálogo y un compromiso claro: simplificar los procesos, homologar criterios y hacer más ágil el registro de obras.

Salí convencido de que las cosas podían cambiar. Hoy, lamentablemente, debo escribir una segunda columna. No porque haya surgido un problema nuevo, sino porque el anterior sigue ahí.

Hace unas semanas presenté el registro de una nueva obra. Como cualquier usuario, recibí un correo institucional donde el propio INDAUTOR informa que el plazo oficial para resolver el trámite es de 15 días hábiles, conforme al artículo 58 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Sin respuestas

Esperé. Transcurrieron los quince días. No hubo respuesta.

Escribí para preguntar qué ocurría con mi expediente. La primera contestación fue el mismo mensaje automático que había recibido el día de la solicitud. Después llegó un breve correo indicando únicamente que mi trámite estaba siendo analizado por un dictaminador y que permaneciera atento a mi bandeja de entrada.

Nada sobre el incumplimiento del plazo.

Nada sobre una nueva fecha de resolución.

Nada sobre el estado real del expediente.

Este caso, por sí solo, podría parecer un retraso administrativo más. Sin embargo, el problema es de fondo: cuando una autoridad establece un plazo legal y posteriormente lo incumple sin explicación, el mensaje que recibe el ciudadano es que los tiempos oficiales son únicamente una referencia, no un compromiso.

La excepción que se volvió permanente

Resulta llamativo que, en pleno 2026, el registro de obras continúe dependiendo del mecanismo extraordinario implementado tras la suspensión del sistema INDARELIN. Lo que nació como una solución temporal terminó convirtiéndose en la forma habitual de operar.

El procedimiento descansa en correos electrónicos, respuestas automáticas y comunicaciones genéricas que ofrecen poca información sobre el avance real de los expedientes. Para quien busca proteger una obra, la incertidumbre se vuelve parte del trámite.

Si el instituto enfrenta una carga de trabajo extraordinaria, convendría informarlo públicamente. Si el problema es la falta de personal, también debería decirse. Y si la plataforma tecnológica continúa fuera de operación, los usuarios merecen saber cuándo volverá a funcionar.

La transparencia no debilita a las instituciones; las fortalece.

El tiempo también protege derechos

Registrar una obra no es un trámite burocrático cualquiera. Detrás de cada expediente hay un libro, una investigación, un programa de computadora, una fotografía, una composición musical o un proyecto editorial que requiere certeza jurídica.

Por eso preocupa que el tiempo parezca perder valor dentro del procedimiento.

Cuando una institución incumple los plazos que ella misma establece, la confianza comienza a deteriorarse.

Y esa confianza es indispensable para que el sistema de protección de la propiedad intelectual funcione.

Del compromiso a los resultados

Cuando Karina Luján Luján asumió la Dirección General del INDAUTOR en noviembre de 2024, la Secretaría de Cultura informó que uno de sus principales objetivos sería fortalecer y agilizar los servicios del instituto.

Estoy convencido de que esa sigue siendo la ruta correcta. Precisamente por ello vale la pena insistir en el tema.

No para descalificar a quienes trabajan en el instituto, sino para recordar que las mejoras institucionales se miden por la experiencia cotidiana de los ciudadanos, no por los anuncios.

México habla con frecuencia de innovación, economía creativa y desarrollo basado en el conocimiento. Pero esos objetivos comienzan con algo mucho más sencillo: que un autor pueda registrar su obra mediante un procedimiento eficiente, transparente y dentro de los plazos que la propia autoridad promete cumplir.

Porque proteger el derecho de autor también significa respetar el tiempo de los autores.

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