En México, un Tercio de la Población mexicana no puede Cubrir sus Necesidades de Alimentacion CONEVAL
octubre 21, 2024
En México, más de la mitad de la población mexicana se encuentra en la informalidad laboral y son los jóvenes, las personas adultas mayores y trabajadoras del sector primario, así como quienes tienen un menor nivel educativo, los que más carencias observan por lo que se requiere que las autoridades competentes atiendas a este tipo de la sociedad.
“Es necesario destacar que la informalidad es un fenómeno complejo y heterogéneo que responde a diferentes causas por lo que no existen responsables o soluciones únicas”, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que publica su estudio denominado Evaluación integral de la política social vinculada al derecho al trabajo 2023-2024,
Asimismo, expone que más de un tercio de la población mexicana no puede cubrir el costo de la canasta alimentaria con su ingreso laboral; las mujeres y las personas trabajadoras informales son las más afectadas por esta situación.
Ante esta situación el organismo recomienda al gobierno lo siguiente:
Promover la cooperación entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE), para ofrecer incentivos fiscales a la formalización y créditos a micro y pequeñas empresas, que consideren entre sus criterios de asignación incrementar la formalización y la generación de empleos.
Implementar acciones focalizadas para brindar capacitaciones y asesorías que faciliten la inscripción a la seguridad social de las y los trabajadores y que simplifiquen los trámites de inscripción y fiscales para el pago de impuestos, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones del empleador.
En cuanto a los bajos ingresos que impiden obtener una canasta básica, Coneval propone continuar la implementación de la política del Gobierno federal de recuperación del poder adquisitivo mediante el incremento del salario mínimo, reforzándola a través del monitoreo y evaluación constante, para identificar sus efectos positivos y negativos en indicadores laborales y económicos.
Es necesario establecer bases para fomentar la negociación colectiva y la vinculación de los salarios contractuales con los aumentos en la productividad de las empresas, lo cual favorecería las condiciones para incrementar el alcance de la política salarial.
Los mecanismos de protección del ingreso ante la pérdida del empleo son insuficientes, especialmente en contextos de informalidad laboral, ya que afectan a toda la población económicamente activa.
Se recomienda crear un sistema integral de protección al ingreso ante la pérdida del empleo, el cual incluya un seguro de desempleo que provea un ingreso temporal a las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo y estén en búsqueda de otro.
Este seguro debe contemplar opciones de financiamiento con un equilibrio entre contribuciones gubernamentales, de empleadores y de personas trabajadoras, y considerar estrategias para la reintegración al trabajo formal.
El seguro de desempleo debe ser flexible en su elegibilidad para considerar a personas trabajadoras formales e informales y a grupos vulnerables, así como integrar mecanismos para evaluar los resultados y mejorar continuamente el sistema.
El financiamiento de la prestación no puede depender del sistema de ahorro para el retiro, ni de alguna otra retención por prestaciones laborales, pues estos tienen objetivos claros de uso; además, los recursos acumulados podrían ser limitados para mantener el ingreso en el momento del retiro y generar afectaciones de largo plazo para la jubilación.
La falta de capacitación y formación para el trabajo limita el crecimiento profesional y la estabilidad laboral. En el país, las y los jóvenes, mujeres, personas trabajadoras informales y quienes tienen una menor escolaridad acceden a menores oportunidades de capacitación.
Se recomienda que el Gobierno federal refuerce sus programas de formación laboral, ofreciendo capacitaciones que aumenten la productividad y fomenten el desarrollo profesional, tanto de empleados como de quienes buscan trabajo. Estos deben alinearse con las demandas del mercado laboral.
Es necesario contar con un sistema de seguimiento y evaluación de los resultados de la capacitación para asegurar la calidad y eficacia de los programas, así como mecanismos de retroalimentación para ajustarlos, considerando las necesidades cambiantes del mercado laboral, además de establecer alianzas con el sector privado y organizaciones educativas para ampliar el alcance y la relevancia de las capacitaciones.
Predomina la búsqueda de empleo a través de medios informales de intermediación y vinculación laboral. En el país hay poca presencia territorial de los servicios públicos de vinculación, y los servicios digitales para la intermediación pueden excluir a la población más vulnerable que no tiene acceso a internet, habilidades digitales u otros requisitos que les impediría hacer uso de este servicio.
Se recomienda que la STPS refuerce la intermediación laboral inclusiva, combinando herramientas digitales con servicios presenciales en áreas con menos conectividad. De igual forma, se debe incrementar la presencia territorial del Servicio Nacional de Empleo a través de sus oficinas regionales, para implementar acciones dirigidas a jóvenes, mujeres, población indígena y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
Otro punto es que existe una brechas salariales no justificadas por tipo de trabajo o productividad, las cuales reflejan un trato discriminatorio que afecta, principalmente, a mujeres, población indígena y personas trabajadoras del sector primario y del hogar.
Al respecto, se debe adoptar un enfoque que considere la implementación de políticas contra la discriminación en el mercado laboral y en los centros de trabajo, acompañadas de campañas de divulgación y sensibilización.
Adicionalmente, deben identificarse las ocupaciones en las que existen brechas salariales por grupos y diseñar medidas dirigidas a mejorar las condiciones en sectores específicos, como el agrícola.
