Digitar la Economía Acelerará la Inversión, SHCP

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María  del  Carmen Bonilla, aseguró que la digitalización económica es una pieza clave en  la  estrategia  para  acelerar la inversión. La iniciativa de Ley de  Economía  Digital  para Pagos Electrónicos y Digitales, aprobada ayer por los diputados, busca ampliar el acceso y el uso de los medios de pago electrónicos.

Se preguntó “¿Por qué es importante? y respondió que facilitar pagos y cobros puede reducir costos para los negocios, también permite construir un  historial financiero para que puedan tener  acceso al  crédito y  mejor estas  posibilidades.  El objetivo es  que  la digitalización se convierta en una herramienta para incorporar a más personas y más empresas, y ampliar sus  oportunidades de crecimiento.

Sobre el paquete economico del año entrante, la funcionaria dijo que busca consolidar una nueva etapa de crecimiento con  bienestar, sustentada en tres prioridades: preservar los avances sociales; acelerar la inversión pública y mixta, y continuar fortaleciendo las finanzas públicas.

Durante la Reunión de Trabajo con  la Comisión de Hacienda en  la Cámara de Diputados, la funcionaria dijo que la primera prioridad es garantizar que el crecimiento y la estabilidad fiscal  se traduzcan en bienestar para la  población. El Paquete preserva los  recursos destinados a garantizar el acceso a derecho. Prueba de ello es que el gasto en salud y educación aumentarán 11% y 8% en términos reales, respectivamente, para 2027.

Enseguida expresó que la segunda prioridad es ampliar la capacidad productiva del país. El Plan  de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con  Bienestar, y la  ley  que ustedes tuvieron a bien aprobar, ocupa un  lugar central en esta estrategia. Contempla 5.7 billones de pesos de inversión pública y mixta entre 2026 y 2030, con  una participación destacada del sector energético.

“¿Por  qué es importante? Mejor infraestructura  reduce costos de producción y logística, conecta regiones y amplía oportunidades. Una  mayor disponibilidad de  energía, agua  y  de  transporte,   mejor  conectividad, permite  que  las empresas expandan sus   operaciones y que nuevos proyectos de inversión privada encuentren condiciones para desarrollarse”, señaló.

Desde Hacienda, dijo, estamos avanzando en la instrumentación de esta agenda. Con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y los procesos de licitación que ya se encuentran en marcha, estamos dando paso a la  ejecución de proyectos con   fuentes de financiamiento claras  y  una  adecuada  evaluación de  riesgos para  que  la inversión se  traduzca en beneficios duraderos para la población. Anunció que ayer se publicó por  la tarde en el DOF los lineamientos de esta Ley que quedaron pendientes y que nos solicitaron, éstos quedaron publicados ayer por  la tarde.

“Los esquemas de inversión mixta previstos en esta Ley permiten complementar los recursos públicos y ampliar el alcance de esta agenda. Su instrumentación incorpora transparencia y seguimiento de los  proyectos, así  como la identificación de  los  compromisos fiscales que  generen,  para  impulsar la infraestructura y preservar la solidez de las finanzas públicas en el largo plazo”, indicó.

Carmen Bonilla anunció que para satisfacer esta mayor demanda de financiamiento, la banca de desarrollo, junto con  la  banca  comercial, ampliará el uso de crédito y garantías para infraestructura y para las pequeñas y medianas empresas que participan en las cadenas de proveeduría de sectores estratégicos.

“La tercera prioridad es preservar la solidez fiscal. Estamos convencidos de que el crecimiento con  bienestar y finanzas públicas sanas deben abordarse de manera conjunta y responsable. Las finanzas públicas ordenadas dan permanencia a las políticas sociales y certidumbre a las decisiones de inversión.

“Por  ello, el compromiso fiscal tiene una perspectiva de mediano y largo plazo. Buscamos fortalecer  los   ingresos,  mejorar  la  calidad  del  gasto  y  reducir gradualmente  las   necesidades  de  financiamiento, preservando  al  mismo tiempo la capacidad de inversión del Gobierno de México”, señaló.

Para 2027,   proponemos  reducir los  Requerimientos Financieros  del  Sector Público  de 4.1  a 3.9  por  ciento del  PIB; lo que implica una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024.

Se trata de una consolidación ordenada y responsable. La meta es continuar reduciendo las  necesidades de financiamiento sin  generar un  ajuste abrupto que comprometa la recuperación económica o la inversión.

La  sostenibilidad  fiscal  descansa tanto en una trayectoria responsable del balance como en el  fortalecimiento de los  ingresos y en una economía con mayor capacidad de crecimiento.

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