Detecta ASF Irregularidades por 8.5 mmdpe en Cuenta Publica 2023

El auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, informó que durante la revisión de la cuenta pública 2023, se detectaron irregularidades por un monto de más de 8 mil millones de pesos en el sector público federal.

En cuanto a las auditorías de cumplimiento financiero, agregó, se entregan 139, de un total efectuado de 288 en esta Cuenta Pública. Expuso que en la ejecución de éstas se determinó un monto por aclarar de más de ocho mil 599 millones de pesos,  de los cuales más del 80 por ciento se encuentra relacionado con entes como Birmex, IMSS, PEP y Fonatur, entre otros.

Mientras que el 16 por ciento corresponde a empresas productivas, subsidiarias y de control directo del Estado y solo un cuatro por ciento están vinculadas a secretarías de Estado.

Asimismo, reportó de la revisión efectuada a los gobiernos de las 32 entidades federativas, se determinó un monto por aclarar por más de 22 mil 700 millones de pesos, distribuidos en 30 estados que resultaron con un posible daño patrimonial.

Los gobiernos de la Ciudad de México y Querétaro no tuvieron montos por aclarar.

Durante su presentación, precisó que con la tercera y última entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2023, se formaliza la culminación de mil 623 reportes, de un total dos mil 369 procesos de auditorías realizados por la institución.  

Resaltó que el número inédito de auditorías no solo se apareja a la determinación de posibles daños a la hacienda pública, sino también en un aspecto relevante de la institución que son las recuperaciones operadas, denominación que recibe el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación por intervención de la Auditoría, así como reconocimiento de los entes auditados en la inconstancia detectada.

Destacó que en la realización de las mil 623 auditorías que se entregan, se recuperaron en favor de la Federación más de 930 millones de pesos. Los montos que se reportan como recuperaciones operadas no son cifras estáticas, ya que continúan incrementándose tanto en la etapa de seguimiento como en las posteriores.

Por ello, “la cifra de recuperaciones correspondiente a esta tercera etapa, sumada a las recuperaciones efectuadas durante nuestra gestión, da una cifra de más de 27 mil millones de pesos”. 

Aclaró que todos los resultados con posible daño patrimonial pasan a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, en donde se podrían aclarar las observaciones determinadas durante el proceso de auditoría o se daría inicio a las investigaciones correspondientes, la presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables, según corresponda.

De la revisión efectuada a los gobiernos de las 32 entidades federativas, señaló que se determinó un monto por aclarar por más de 22 mil 700 millones de pesos, distribuidos en 30 estados que resultaron con un posible daño patrimonial. Los gobiernos de la Ciudad de México y Querétaro no tuvieron montos por aclarar.

Además, se realizaron 29 auditorías forenses y por primera vez se realizaron sobre entes que históricamente no habían sido revisados con ese nivel de profundidad; del orden federal destacan Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI.

En el estatal, poderes judiciales locales, dos universidades autónomas y los servicios de salud de dos entidades federativas. Se determinó un monto por aclarar por más de seis mil seiscientos millones de pesos.

Adelanto que para la Cuenta Pública 2024, por primera vez se auditarán a siete nuevos entes del Gobierno Federal e “implementaremos una nueva modalidad de auditoría que hemos denominado Integral, con la cual en una misma auditoría fiscalizaremos una multiplicidad de fondos y programas ejercidos por el mismo ente, lo cual nos permitirá eficientar y profundizar todos nuestros procedimientos”.

El presidente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la fiscalización y la rendición de cuentas son claves para cualquier República, sobre todo cuando ésta se ha propuesto no permitir un solo ápice de actos irregulares en el servicio público y en todos los entes que reciben recursos del erario.

El legislador señaló que este acto es una obligación constitucional. Sin embargo, enfatizó que es tarea de la Cámara de Diputados otorgar todas las herramientas posibles a la Auditoría Superior de la Federación para que cumpla con su objetivo que la Carta Magna y la ley señala.

A su vez, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), apuntó que hoy más que nunca la ciudadanía exige saber dónde y cómo se gastan sus recursos; por ello, esta Comisión cumple con su responsabilidad institucionalidad de recibir la tercera entrega de los informes de auditoría y el informe general ejecutivo de la Cuenta Pública 2023.

Este acto, dijo, es un compromiso con la rendición de cuentas, con la transparencia y la eficiencia en el gasto del erario. Precisó que, hasta esta entrega, la ASF había realizado 746 auditorías a la Cuenta Pública de 2023 y hoy se reciben más de mil 600 informes adicionales, los cuales en la Comisión “juzgaremos y veremos que se hayan hecho con el rigor técnico que se merece y daremos nuestra opinión conducente”.

Daniel Andrade Zurutuza, diputado de Morena, exhortó a la ASF a ser un comprometido agente de cambio, al tiempo que ofreció su respaldo para trabajar en equipo y que éste se traduzca en un ejercicio de poder público más eficiente. Se pronunció por continuar fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas, así como asegurar el buen uso de los recursos públicos.

Invitó a las diferentes instancias del gobierno a señalar las fallas, prevenirlas, corregirlas a tiempo y garantizar que no se repitan. “Con estas acciones, con toda seguridad recibiremos informes que generan confianza, propician la estabilidad social, mejoran la toma de decisiones y permiten ajustar proyectos y planes adecuados para las necesidades de cada región”.

Del PAN, la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda sostuvo que este informe “no es un simple documento, es una radiografía del uso de los recursos públicos, es el reflejo de cómo se administra el dinero de la gente y, sobre todo, es una llamada de atención”. La rendición de cuentas no termina con la entrega de este informe; aquí empieza el verdadero reto: actuar, corregir y sancionar.

Enfatizó que la fiscalización no es un trámite burocrático ni un ejercicio técnico sin consecuencias, sino un pilar fundamental de la democracia, porque cuando se habla de recursos públicos se refiere a hospitales con medicinas, infraestructura y programas sociales dirigidos a quienes más lo necesitan. “Hoy más que nunca debemos asegurarnos de que las observaciones contenidas en este informe no queden en papel, sino se traduzcan en acciones concretas”.

Por el PVEM, el diputado José Roberto Ramírez Cruz reconoció el esfuerzo de la ASF en el fortalecimiento de la fiscalización y destacó la importancia de impulsar un sistema de rendición de cuentas que no solo sancione sino promueva una mejora continua en la gestión pública, porque el compromiso con la transparencia y la eficiencia debe ser permanente, ya que cada peso bien utilizado se traduce en un mejor país para todas y todos.

Refirió que en los últimos años esta instancia ha intensificado su labor de fiscalización demostrando su compromiso con una administración pública más eficiente. En 2023, hasta la segunda entrega, realizó 746 auditorías con una meta programada de dos mil 369 auditorías al cierre del ejercicio. Subrayó que las recomendaciones no deben verse como simples observaciones, sino como herramientas de corrección y optimización.

A su vez, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) dijo que el día de hoy se recibe el informe final del resultado de fiscalización de la Cuenta Pública del 2023; sin embargo, tomando como base las entregas previas de resultados del 2022, se encontró que hay 29 mil millones de pesos que no han podido ser aclarados por la ASF, por lo que pidió que se especifique el destino de estos recursos.

Precisó que dicho monto es del pueblo de México; por ello, se debe seguir vigilando y dar puntual seguimiento, por lo que solicitó se informe de manera especial y detallada a la Comisión de Vigilancia sobre cada avance y acción emprendida para esclarecer el destino de ese dinero que pertenece a la ciudadanía.

La diputada de MC, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, reconoció el esfuerzo de la ASF y los órganos de fiscalización del país. Señaló que con esta entrega la ASF completa el ejercicio anual de la revisión del gasto programado, consolidando un esfuerzo técnico que permite identificar áreas de mejora, detectar irregularidades y promover medidas correctivas.

Consideró que invertir en tecnología y digitalizar las cuentas es fundamental. Este proceso fortalece la gestión gubernamental y brinda a la ciudadanía herramientas útiles y suficientes para exigir rendición de cuentas y mejor administración de los recursos públicos.

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