La reciente propuesta de actualización a la Norma Oficial Mexicana, conocida como NOM-001-SICT-2-2024, que sugiere la adopción de la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en elementos vehiculares como placas, tarjetas de circulación y calcomanías en México, ha desatado un intenso debate pues expertos sugieren que pondría en riesgo la privacidad de los usuarios.
La iniciativa, promovida por Javier Ulises Miranda Nieto, director del Registro Público Vehicular, que incluiría chips RFID y códigos QR en los mencionados documentos vehiculares, ha sido recibida con preocupación debido a los posibles altos costos, la falta de transparencia y los riesgos para la privacidad de los datos personales de los propietarios de vehículos.
Críticos y expertos en la materia han expresado su alarma por el significativo incremento en los costos de producción que conllevaría la implementación de esta tecnología, lo que podría duplicar el precio actual de las placas y tarjetas de circulación. Este aumento en el costo, señalan, sería transferido directamente a los ciudadanos y contribuyentes.
Además, se ha puesto en duda la seguridad de la tecnología RFID, indicando que “los chips son susceptibles a intervenciones externas y a la extracción no autorizada de datos. Esto no solo es peligroso, sino que constituiría una violación a la Ley de Protección de Datos Personales”, según han advertido expertos.
La propuesta también plantea que serían los Estados y otros organismos emisores de placas los encargados de realizar las inversiones necesarias para la adquisición de equipos especializados en el grabado de estos dispositivos.
Sin embargo, esta medida podría resultar en inconvenientes adicionales para los usuarios, como largas esperas y complicaciones, sin mencionar que la efectividad de la tecnología RFID podría verse mermada por equipos capaces de bloquear su señal.
A pesar de que Miranda Nieto argumenta que la adopción de esta tecnología responde a solicitudes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, dichas afirmaciones aún no han sido verificadas oficialmente.
El futuro de esta normativa, que afectaría a millones de conductores en México, se encuentra actualmente en el centro de un debate crítico entre especialistas, la ciudadanía y las autoridades encargadas de su posible aprobación. La determinación final sobre la implementación de la NOM-001-SICT-2-2024 está aún en discusión, aguardando un consenso entre los sectores involucrados.
AATG