Seguramente tuviste algún compañero de escuela que todo el año se la pasó bomba, procastinando, incumpliendo, en el despapaye. Tal vez tu fuiste uno de esos estudiantes que faltando dos meses para concluir el curso quisieron ponerse las pilas y aprobarlo de panzazo. Al menos, uno de mis profes me lo dijo: ¿Ya para qué?
Y lo traigo a colación porque faltando un cuarto para terminar su gestión y con la degolladora rondando sus puestos, los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) finalmente dieron señales de vida y decidieron hacer algo de lo que debieron ejecutar desde hace años. ¿Ya para qué? Dirían mis profesores.
Ayer la Cofece informo que interpuso la primera acción colectiva en su historia en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana por ponerse de acuerdo durante un periodo de 10 años para no competirse.
Luego de años de mirar de reojo las prácticas de ciertos gigantes farmacéuticos, lanzan la demanda colectiva para que no digan que no hicieron nada. La acusación es fuerte pues según la Cofece, estas empresas se pusieron de acuerdo para manipular el mercado de medicamentos durante diez largos años.
La Cofece asegura que esta asociación de distribuidores implementó tres prácticas anticompetencia. Primero, se pusieron de acuerdo para no distribuir medicamentos ciertos días del año. “Hoy es jueves de desabasto” diría el boticario.
Segundo, decidieron limitar la cantidad de medicamentos surtidos a las farmacias como si fuesen producto gourmet. Y, por último, manipularon los precios topando los descuentos para asegurarse de que nadie fuera demasiado generoso con el cliente.
La Cofece calculó el daño causado por estos malandrines de la distribución en más de 2 mil millones de pesos. No es una cantidad menor, sobre todo si tomamos en cuenta que en 2021 esta misma comisión ya había sancionado a las empresas y a una veintena de directivos con multas que sumaron casi mil millones de pesos. Pero la sanción quedó corta, y ahora la Cofece está pidiendo, mediante las acciones colectivas, que estas empresas paguen 2,316 millones de pesos para resarcir el daño.
Si pagan, la Cofece propone que los recursos se destinen al programa IMSS-Bienestar, una jugada melodramática que pretende que el dinero regrese a la misma gente que resultó afectada.
La demanda tiene su mérito. Las prácticas denunciadas no solo son anticompetitivas, son abusivas y afectan directamente la salud de millones de personas; es casi criminal.
Pero no puedo dejar de preguntarme: ¿dónde estaba la Cofece hace cinco, seis o siete años? La realidad es que estas prácticas no son novedad; han estado ahí, a la vista de todos, desde hace una década. ¿Será que ahora, con el reloj en contra, busca hacer algo de ruido para no desaparecer en el olvido?