Selecciona ProceSAR a empresa estadounidense investigada en EU para administrar datos de trabajadores

Más de 70 millones de trabajadores mexicanos podrían ver involucrada la protección de sus datos financieros y personales en la decisión de ProceSAR de elegir a Kyndryl como primera opción para administrar su centro de datos, según investigaciones de diversos medios. La compañía estadounidense enfrenta una indagatoria de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por presuntas irregularidades contables, mientras ProceSAR es la responsable de operar la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

De acuerdo con una investigación, un documento interno de ProceSAR, titulado «Evaluación de participantes en el proceso de selección del centro de datos (RFP)», fechado en octubre de 2026, revela que Kyndryl obtuvo una calificación global de 85.8%, apenas 1.4 puntos porcentuales por encima de la mexicana KIO, que alcanzó 84.4%. En el procedimiento también participó Atalait.

El dictamen fue presentado el 15 de septiembre ante los Comités de Auditoría y Seguridad Informática y de Riesgo Operativo. Posteriormente, el Comité de Administración aprobó los resultados el 29 de septiembre y los turnó al Consejo de Administración para su ratificación. El acuerdo estableció que Kyndryl sería la primera opción de contratación y SixSigma Networks México, KIO, la segunda, en caso de que no se formalizara el contrato inicial dentro de un plazo de 30 días naturales.

Uno de los principales cuestionamientos es que Kyndryl recibió la calificación máxima de 30% en la evaluación de riesgos, pese a que enfrenta una investigación de la SEC relacionada con presuntas prácticas contables para modificar el registro de pagos a proveedores y deficiencias en sus controles financieros. La compañía reconoció debilidades materiales, registró una caída bursátil de entre 52% y 55% tras retrasar la presentación de su informe trimestral 10-Q y enfrenta demandas colectivas de inversionistas.

Según medios digitales, las aclaraciones solicitadas por ProceSAR a Kyndryl se concentraron en aspectos técnicos y administrativos, como el cumplimiento contractual, los modelos de gobernanza informática ITIL y COBIT, tarifas de servicios extraordinarios y convenios de conectividad MPLS y SDWAN. El expediente no documenta una revisión específica sobre la investigación de la SEC, la solvencia financiera de la compañía o su viabilidad a largo plazo.

La contratación también genera interrogantes sobre la soberanía de los datos. La plataforma del SAR concentra CURP, RFC, historiales salariales, semanas de cotización, saldos, beneficiarios e información biométrica de millones de trabajadores. Al tratarse de una empresa estadounidense, Kyndryl está sujeta a legislaciones como el CLOUD Act de 2018, además de disposiciones de FISA y la Ley Patriota, que bajo determinados supuestos permiten requerimientos de información por parte de autoridades de ese país, incluso cuando los servidores se encuentran en el extranjero.

El reportaje advierte que una eventual solicitud de información podría generar conflictos con las leyes mexicanas que protegen los datos personales y el secreto fiduciario, además de plantear interrogantes sobre los mecanismos de cooperación judicial internacional, como los Tratados de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT). Sin embargo, la aplicación de estas normas depende de las circunstancias de cada requerimiento y del grado de control que tenga el proveedor sobre la información.

Otro elemento identificado por medios especializados es que Kyndryl no propuso instalaciones inmobiliarias propias, sino infraestructura de KIO en México, mediante un convenio con el propietario del centro de datos. Así, aunque los servidores permanecerían físicamente en territorio nacional, la administración contractual del servicio quedaría a cargo de una compañía estadounidense.

ProceSAR es una sociedad anónima de capital variable dirigida desde hace 16 años por Jaime Díaz Tinoco, nombrado durante el sexenio de Felipe Calderón. Opera la Base de Datos Nacional del SAR mediante una concesión federal, aunque la información pertenece exclusivamente al Estado mexicano. La selección de Kyndryl como primera opción abre cuestionamientos sobre los criterios de evaluación y las medidas previstas para proteger los registros de los trabajadores.

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