Plantea Ramírez Cuéllar una Reforma Constitucional del Sistema de Pensiones
noviembre 9, 2026En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 se destinarán cerca de 2.5 billones de pesos al pago de pensiones, lo que representa una Buena carga para las finanzas públicas: por lo tanto se debe hacer una transformación integral del sistema pensionario mexicano mediante una reforma constitucional.
Se debe expedir una Ley General de Pensiones, que permita ordenar, homologar y supervisar los más de mil sistemas existentes en los tres órdenes de gobierno: “Urge asegurar y ordenar un gasto que garantice pensiones dignas y certeza financiera”, aseguró el el coordinador de asuntos economicos de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.
El legislador señaló que México enfrenta dos problemas que deben atenderse de manera simultánea: por un lado, garantizar que todas las personas tengan acceso a una pensión digna y suficiente; por otro, resolver la fragmentación de los sistemas pensionarios que representan compromisos financieros crecientes para las instituciones públicas.
La magnitud del desafío se refleja en las cifras presupuestarias. Para 2026, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas asciende a 2 billones 323 mil 903 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 23% del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 6% del PIB.
De acuerdo con estimaciones, de mantenerse la tendencia actual sin cambios estructurales, el gasto pensionario podría aproximarse al 30% del presupuesto federal antes de 2040.
El gasto en pensiones mantendría una tendencia ascendente en el mediano plazo, con un nivel promedio de 4.9% del PIB para el periodo 2028-2032. Esta evolución evidencia que México necesita pasar de una administración fragmentada de las obligaciones pensionarias a un modelo nacional de planeación, supervisión y responsabilidad financiera.
Ramírez Cuéllar explicó que es indispensable distinguir entre las dos grandes vertientes del gasto pensionario, ya que sus objetivos, beneficiarios y mecanismos de financiamiento son diferentes.
En 2026, las pensiones contributivas concentran aproximadamente 1 billón 704 mil 200 millones de pesos, con un crecimiento real de 0.5% respecto al año anterior.
Comprenden los compromisos de los sistemas de seguridad social y jubilación de las personas trabajadoras, principalmente los correspondientes al IMSS, ISSSTE y distintos organismos públicos.
Por su parte, las pensiones no contributivas cuentan con una asignación de 619 mil
703 millones de pesos, con un crecimiento real de 13.5%. Este incremento responde, entre otros factores, a la expansión de los programas de protección social, particularmente la Pensión Mujeres Bienestar.
Entre los principales componentes de esta vertiente destacan:
• Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años y más, con un monto de referencia de 6 mil 400 pesos bimestrales.
• Pensión Mujeres Bienestar: destinada a mujeres de 60 a 64 años, con un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.
• Fondo de Pensiones para el Bienestar: contempla un complemento de hasta 17 mil 885 pesos mensuales para las personas que cumplen los requisitos establecidos.
• Otros derechos constitucionales de protección social.
El diputado subrayó que las pensiones no contributivas representan una conquista de justicia social, al garantizar ingresos básicos a las personas adultas mayores y reconocer las desigualdades que históricamente han enfrentado las mujeres. Su fortalecimiento debe acompañarse de reglas claras para asegurar su financiamiento permanente.
En cuanto a las pensiones contributivas, destacó la necesidad de atender las diferencias entre el régimen de beneficio definido, las cuentas individuales y los sistemas de transición, particularmente en lo relacionado con las tasas de reemplazo, las aportaciones y los costos que finalmente asume el presupuesto federal.
El legislador enfatizó que el principal problema financiero del sistema mexicano no consiste únicamente en el monto de los recursos destinados a las pensiones, sino en la ausencia de un marco nacional que permita conocer, comparar y administrar adecuadamente las obligaciones de cada institución.
Actualmente existen más de mil esquemas pensionarios federales, estatales y municipales, que incluyen a universidades, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, poderes judiciales, y policías y fuerzas armadas.
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