El déficit y el chaneque fiscal (ampliada) por Hugo González en ContraRéplica

Nunca me las he dado de ser periodista especialista en temas económicos. Me defiendo, eso sí. Después de tantos años metido entre empresas, tecnología y negocios, algo se aprende. Casi nunca escribo de esos temas porque respeto mucho a varios colegas que me llevan décadas de experiencia y sapiencia.

Pero de vez en cuando toca entrarle, sobre todo porque hay temas que antes daban flojera y ahora sí preocupan. Y uno de ellos es el dinero del gobierno.

La presentación del Paquete Económico del Gobierno Federal casi nunca coincide con mi aparición en las páginas de ContraRéplica. En esta ocasión coincidió junto a una pregunta que ya estaba circulando en varias páginas: ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para cumplir todos sus compromisos sin hacer que aumente la preocupación por la deuda del país?

Aquí aparece el famoso déficit público. En términos sencillos, es la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que recauda. Si entra menos dinero del que sale, pues hay un problema. Es como cuando llega la quincena, uno paga la renta, el internet, la luz, las plataformas de streaming, sale a cenar dos veces y después descubre que todavía faltan 10 días para volver a cobrar.

Durante muchos años se pensó que la solución era gastar menos. El gobierno debía cuidar el presupuesto, reducir el déficit y evitar que la deuda creciera demasiado. El problema es que esa receta también tuvo consecuencias. Mientras se cuidaban las cuentas, muchas veces faltaron recursos para infraestructura, servicios y programas que podían mejorar las condiciones de vida.

Y aquí aparece otro detalle que está prohibido olvidar. Durante años sí hubo dinero. Incluso hubo excedentes. El famoso pilón. El problema fue que una parte de esos recursos terminó en corrupción, desvíos y malos manejos. Así que no siempre el problema fue que faltara dinero, el problema fue saber dónde quedó.

Por eso, durante mucho tiempo la Consolidación Fiscal se convirtió en una especie de palabra mágica. Se hablaba de ella para reducir el déficit, controlar el endeudamiento y evitar que la deuda representara una proporción cada vez mayor del Producto Interno Bruto. El déficit, para efectos prácticos, sigue funcionando como una especie de chaneque fiscal: nadie sabe exactamente dónde está, pero todos recomiendan no molestarlo.

El debate económico actual apunta a que reducir el gasto a lo bruto puede terminar afectando la inversión pública y el consumo. Y eso tampoco ayuda a una economía que necesita crecer. El maestro en periodismo económico Enrique Quintana planteó recientemente que más allá de la cifra de déficit que aparezca en el Paquete Económico, habrá que revisar cómo pretende Hacienda llegar a ese resultado. Y esa es justamente la parte interesante.

Recortar infraestructura para presumir y quedar bien con las firmas calificadoras de riesgo crediticio puede sonar chido, pero no necesariamente funciona en la vida real. Una carretera, una obra hidráulica, un sistema de transporte o una red de telecomunicaciones pueden generar actividad económica durante años.

Tampoco tiene mucho sentido decir que el gobierno ya no debería invertir en desarrollo y que todo debe quedar en manos de las empresas privadas. El sector privado es indispensable, pero muchas inversiones necesitan condiciones que el gobierno debe ayudar a crear. Luego entonces ¿cómo conseguir más dinero sin aumentar impuestos?

Una de las opciones está en cobrar mejor los impuestos que ya existen. Durante el gobierno de mi cabecita de algodón, el querido presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria fortaleció el uso de herramientas digitales para detectar inconsistencias, revisar operaciones y combatir esquemas de evasión y elusión fiscal.

Ese camino todavía tiene espacio para crecer. La inteligencia artificial puede ayudar a encontrar patrones que antes eran difíciles de detectar. No se trata de perseguir al contribuyente que cumple, sino de encontrar a quienes tienen operaciones que no cuadran y que utilizan diferentes trucos para pagar menos de lo que corresponde. ¿Me estas leyendo Tío Richie?

También se ha hablado de modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, particularmente para algunos alimentos chatarra y bebidas. Pero tampoco parece que ahí esté la solución mágica. Aumentar el precio de ciertos productos puede generar más recaudación, pero difícilmente aumentar el precio a las papitas y los chescos va a resolver por sí solo un problema de las dimensiones de las finanzas públicas.

Una opción que resulta más interesante es conseguir que las empresas inviertan más.

México tiene una oportunidad con el nearshoring. Empresas que buscan producir cerca de Estados Unidos pueden instalar operaciones en el país y generar empleos, exportaciones, consumo e impuestos. Pero para que eso ocurra no basta con decir que México está bien ubicado en el mapa, también hay que quitar obstáculos.

Por eso el gobierno ya trabaja muy bien en la reducción de trámites, procesos digitales y tiempos de respuesta. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece reglas para los gobiernos federal, estatal y municipal, con la intención de homologar requisitos y utilizar herramientas tecnológicas para reducir la carga administrativa.

Incluso ayer martes, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones comenzó mesas de trabajo con autoridades estatales y municipales para avanzar en la aplicación de esta ley.

Tal vez hablar de trámites no suena precisamente como el tema más emocionante del mundo, pero ahí puede estar una parte importante de la solución y una respuesta al maestro Quintana.

Si una empresa quiere invertir millones de pesos, pero necesita meses para conseguir permisos, entregar documentos y visitar oficinas, terminará preguntándose si vale la pena. Y si el proyecto se queda detenido, tampoco genera empleos ni impuestos.

El Consejo Coordinador Empresarial ha respaldado la simplificación administrativa, las ventanillas únicas y la colaboración entre gobierno y empresas. Es que si una compañía puede abrir operaciones más rápido, también puede contratar personal y empezar a producir antes.

Para una PyME esto puede ser todavía más importante pues un pequeño negocio no siempre tiene dinero para contratar abogados, gestores o especialistas que se dediquen exclusivamente a perseguir trámites. Mientras el dueño está buscando permisos, no está vendiendo, contratando ni creciendo.

Por eso, facilitar los procesos puede funcionar como un estímulo económico que no requiere necesariamente entregar dinero del presupuesto. Es decir, cuesta menos quitar obstáculos que inventar nuevos subsidios.

Lo mismo aplica para las grandes inversiones. Si existen plazos claros para resolver permisos y autorizaciones, las empresas pueden tomar decisiones con mayor certeza. Nadie quiere meter millones de dólares en un proyecto para después descubrir que el permiso correspondiente está perdido en la oficina de algún burócrata de quinta.

Así que la Consolidación Fiscal no necesariamente tiene que convertirse en una dieta extrema para el gobierno. No todo se arregla recortando. También se puede recaudar mejor, usar tecnología para combatir la evasión, eliminar trámites y generar condiciones para que las empresas inviertan.

El déficit seguirá ahí, haciendo su trabajo de chaneque fiscal. La diferencia está en si el gobierno decide enfrentarlo solamente con recortes o también utiliza tecnología, simplificación administrativa y crecimiento económico para aumentar los ingresos. Porque para cuadrar las cuentas nacionales no siempre hay que gastar menos. A veces también hay que conseguir que la economía produzca más.

Inflación médica

Especialistas participantes en un webinar de Soy Paciente señalaron que las familias mexicanas enfrentan una creciente presión económica para atender sus necesidades de salud. Entre los principales factores se encuentran la baja inversión pública, equivalente al 2.6% del PIB, frente al 6% recomendado, así como el aumento de 53.6% en los precios de los medicamentos desde 2018.

El impacto también se refleja en el gasto de los hogares: durante 2024 destinaron en promedio 6,421 pesos a servicios y productos de salud, de los cuales 38.3% correspondió a medicamentos. Además, entre 50% y 60% de las personas recurren al sector privado o a consultorios ubicados junto a farmacias.

Ante este escenario, los especialistas advierten que 1 de cada 5 pacientes ha tenido que interrumpir su tratamiento por motivos económicos.

Por ello, recomendaron a la población informarse sobre sus opciones, comparar precios y fomentar una mayor participación ciudadana.

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