Mayor Justicia para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Espera Monreal de Nuevos Ministros

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que con la reforma en materia judicial no se querían cambios administrativos o cosméticos, sino impulsar una transformación profunda para garantizar el acceso real a la justicia para todos los pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante el Encuentro Interinstitucional “México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas”, el legislador expresó que la Cámara de Diputados fue la que inició la reforma judicial “y estoy convencido que hicimos lo correcto, porque el déficit de justicia era enorme, el tráfico de influencias, las redes de corrupción y nepotismo, la venta de la justicia al mejor postor era ya intolerable e inadmisible”.

Agregó que por eso más de las dos terceras partes de las y los diputados determinaron impulsar esta reforma judicial que ahora tiene a Hugo Aguilar Ortiz electo y legítimamente como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Resaltó que muchos de los magistrados y ministros nunca hubiesen sido ministros de la Corte si no existiera esta reforma. “Nunca habría llegado un indígena a la SCJN y menos a ser presidente de este cuerpo colegiado que representa el Poder Judicial, por eso es muy importante lo que se ha hecho y se ha construido en esta Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión”.

Mencionó que México se ha construido sobre la fuerza de su diversidad antes de que existiera el Estado mexicano; “aquí ya latían civilizaciones con culturas, lenguas, sistemas normativos y gobiernos propios con una cosmovisión única, pero la historia nos recuerda que este patrimonio de pueblos indígenas no siempre fue reconocido”.

Incluso, dijo, la Constitución de 1917, que fue pionera, no les dio a los pueblos originarios el lugar que merecen, hubo que esperar hasta finales del siglo pasado para que se reconociera a una nación pluricultural y al inicio de este nuevo siglo con los acuerdos de San Andrés se dio otro paso al promover autonomía, libre determinación, preservación cultural y lingüística.

Sin embargo, expresó que aun así la brecha entre la ley y la realidad es profunda. “Hoy podemos hablar de avances concretos como el reconocimiento constitucional de los sistemas normativos internos, la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la creación de un fondo económico por vez primera para ellos, más visibilidad nacional e internacional con el respaldo de ONU-Derechos Humanos, así como avances en justicia indígena al garantizar intérpretes y traductores.

En este sentido, el diputado Ricardo Monreal destacó que, en esta Cámara de Diputados las y los legisladores trabajan para proteger el derecho a preservar la riqueza cultural y saldar una deuda histórica, porque sin sus lenguas, tierras, rituales y cultura México perdería su alma.

 Para ello, precisó, se han aprobado reformas en los últimos meses, años, como lo es la reforma al artículo 2° constitucional, el cual fortalece la libre determinación y la autonomía, a fin de reafirmar la obligación del Estado de reconocer y respetar los sistemas normativos internos garantizando que las decisiones de las comunidades se respeten y tengan plena validez jurídica.

Asimismo, se han hecho modificaciones a los artículos 4° y 27 para proteger los maíces nativos, símbolo de la biodiversidad y la herencia alimentaria y establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Con la reforma se incluye el acceso a intérpretes y traductores certificados en lenguas indígenas como parte de esa gratuidad y prontitud.

Añadió que los cambios al artículo 20 de la Carta Magna refuerzan las garantías procesales, al establecer que las personas indígenas tienen derecho a que en todo procedimiento se les proporcionen intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura para evitar juicios injustos y barreras lingüísticas. Además, recordó que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad declarar el 2025 como “Año de la Mujer Indígena”, a fin de reconocer su liderazgo y su papel en la economía comunitaria.

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