México Necesita Legislación Laboral que Respete Derechos Humanos

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Edgar Amigón

Una reforma de justicia laboral requiere consultas abiertas e incluyentes, que evite violaciones a las nuevas disposiciones; se requiere tiempo suficiente para instituir un sistema de justicia laboral verdadero, que responda a las necesidades del país, tanto para los trabajadores, como para los empleadores, estimaron abogados laborales.

Las primeras iniciativas de reforma en la materia fueron conocidas por la Cámara de Senadores apenas en diciembre de 2017. A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores les fueron turnadas tres iniciativas, sin embargo en la elaboración del dictamen únicamente se tomó en cuenta la iniciativa de los Senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 

En tanto las iniciativas del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, no fueron tomadas en cuenta, únicamente se acusó de recibidas.

 

Es del dominio público que el tema fue trabajado en secrecía a grado tal que incluso miembros de la Comisión de Trabajo en el Senado no fueron consultados para su dictamen como es el caso del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, que siendo el Secretario de la Comisión de Trabajo no fue convoca para el análisis y dictamen de dichas iniciativas.

El abogado Manuel Fuentes Muñiz afirma que con dicha iniciativa se estará privatizando el derecho laboral y sus consecuencias serán: mantener bajos salarios, legalizar el outsourcing, anular la seguridad social, pagar riesgos de trabajo mediante la Unidad de Medida y Actualización U.M.A y no en salario mínimos, fomentar contratos colectivos de protección patronal, desaparecer sindicatos, anular derechos colectivos, acabar con la huelga y quitar el sentido social del derecho del trabajo.

Por su parte Arturo Alcalde ha señalado que la reforma constitucional de febrero de 2017 es “la más importante en los últimos cien años desde el nacimiento de nuestra Carta Magna, ya que plantea cambios fundamentales al modelo laboral, incluyendo el sistema de justicia y el ejercicio de los derechos colectivos”

Alcalde advierte la pretensión de regresar al tripartismo en el nuevo organismo descentralizado para el Registro de Sindicatos, Contratos Colectivos y Conciliación Laboral, la cual, afirma “regresar a un esquema tripartita en el nuevo órgano laboral, es contraria a la naturaleza del organismo que por definición constitucional debe ser autónomo en su funcionamiento, coadyuvaría a su pérdida de prestigio y limitaría la libertad con la que debe operar su titular. La propia exposición de motivos de la reforma constitucional advierte de las limitaciones del tripartismo, por lo que regresar a esta forma de funcionamiento sería transitar en sentido contrario a sus altos fines”

“Si la nueva reforma laboral sólo va a refritear lo que existe en la actualidad con los defectos de ausencia de presupuesto, capacitación, personal insuficiente, instalaciones deficientes, procedimientos mal diseñados en la ley que se han prestado para muchas trampas legales entre abogados habilidosos. Si esto se va a reproducir, la reforma será un fracaso”, apuntó.

 

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