Para limitar los ingresos de organizaciones criminales, la seguridad fronteriza debe basarse en una coordinación que contemple decisiones internas en México, de acuerdo con lo expuesto por Mark T. Esper, exsecretario de Defensa de Estados Unidos.
La cooperación bilateral necesita un alcance más amplio, indicó el especialista, quien remarcó que la prioridad estadounidense se enfoca en reducir la capacidad operativa de grupos que influyen en ambos países. “La seguridad regional exige acción y responsabilidad compartidas por nuestros socios”, afirmó Esper.
Al referirse al gobierno de Claudia Sheinbaum, el entonces funcionario reconoció su participación en extradiciones, despliegue de personal y coordinación con autoridades estadounidenses, y describió estas acciones como avances, si bien enfatizó que ciertos factores estructurales continúan sin modificación.
En su colaboración para el medio de comunicación estadounidense USA Today, sostuvo que “la mayor amenaza reside en las leyes y políticas inconsistentes”, aludiendo a marcos que permiten actividades ilícitas y reiterando que estos puntos influyen en la capacidad financiera de organizaciones delictivas con presencia transfronteriza.
En su análisis, el exfuncionario explicó que la prohibición completa en México provoca incentivos para actividades fuera del comercio regulado y, para ejemplificar cómo ciertos mercados se desplazan hacia circuitos informales, utilizó el caso de los vapeadores.
Según expuso el exfuncionario, el caso de los vapeadores permite ejemplificar que algunos mercados se dirigen a circuitos informales, y añadió que la prohibición completa en México genera incentivos para actividades fuera del comercio regulado.
La postura del exsecretario no incorporó una valoración directa del objetivo sanitario del gobierno mexicano; en cambio, se centró en una observación sobre efectos económicos que, en su opinión, actores ilícitos pueden aprovechar. “La prohibición entregó a los cárteles una lucrativa oportunidad de contrabando”, afirmó Esper.
La cooperación regional, planteó Mark Esper, requiere medidas regulatorias y económicas congruentes que limiten los espacios utilizados por grupos criminales, y afirma que acuerdos sólidos en otras regiones ofrecen modelos que, desde su perspectiva, podrían replicarse en América del Norte.
Mientras Estados Unidos mantiene apoyo y solicita acciones definidas, afirmó que “la cooperación no puede detenerse en el intercambio de inteligencia” y concluyó que un avance duradero está supeditado a una decisión interna en México sobre el margen de operación de organizaciones delictivas.