El gobierno federal envío a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral, que contempla recortes presupuestales a todos los organismos y señala que todo el aspirante a obtener un cargo de elección popular tiene que hacer campaña en su lugar de representación, entre otros puntos.
Asimismo, se reduce el número de senadores de 128 a 96 y se establecen reglas para el uso de redes sociales, así como de la Inteligencia Artificial.
El documento fue recibido por la presidenta de la mesa directiva Kenia López Ramadán, y, entre otras cosas, señala que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley.
“Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado. La ley establecerá las responsabilidades y sanciones aplicables”, dice la iniciativa firmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En otro punto del Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indica que la promoción de electrónicos, así como la discusión, deberá ser imparcial.
Se podrá incluir el uso de tecnologías de la información y comunicación en la emisión del voto en consultas populares, destaca la propuesta.
Asimismo, dice que los partidos políticos y las personas precandidatas o candidatas tienen prohibido recibir o ejercer para sus actividades o campañas electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional.
Igualmente, indica que las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de las candidaturas, que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral.
Los ingresos, egresos y demás operaciones financieras, incluyendo valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguros y fianzas, la compra o venta de bienes y demás activos de los partidos políticos nacionales y locales, de las personas precandidatas o candidatas, incluyendo a las independientes, deberá ser reportados cotidianamente.
La información recabada por el INE será de carácter confidencial y será reservada sólo para su uso en los procedimientos legales de fiscalización y sin que su alcance abarque los registros de candidaturas.
En un país con tanto rezago social y necesidades básicas por atender, una democracia onerosa es un agravio para su población, su legitimidad y su credibilidad se debilitan, pues la confianza ciudadana constituye uno de los pilares esenciales de su estabilidad y continuidad.
No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
De acuerdo con la propuesta del gobierno federal, la presente iniciativa responde a un compromiso adquirido ante el pueblo como candidata presidencial. Busca consolidar un modelo más congruente con los principios que hoy rigen la vida pública nacional, fortaleciendo el Estado constitucional de derecho, la legitimidad democrática y la función electoral como expresión auténtica de la voluntad popular.
La reforma que se propone no elimina el principio de representación proporcional, por el contrario, revalora su papel democrático de representación de las minorías, busca atender la crítica social a la designación cupular de los legisladores plurinominales al margen de la voluntad de la militancia y de la ciudadanía.
Se trata, por ello, de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas o de las cúpulas dirigentes, sino de la expresión directa de la voluntad popular.
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares a través de medios físicos y electrónico, así como la discusión pública informada.
No se podrá contratar propaganda en radio, televisión y otros medios o plataformas de difusión masiva sobre las consultas populares.