Para apuntalar la Iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar presentada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, ayer martes el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México realizó el Foro de Análisis, orientado a promover y fortalecer dicha propuesta.
El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México fungió como sede y reunió a representantes del empresariado, especialistas en desarrollo y energía, así como a legisladores, en un espacio dedicado a discutir retos y oportunidades de la infraestructura con perspectiva de bienestar.
La certidumbre a la inversión y un andamiaje legal sólido fueron señalados por Ramírez Cuéllar como condiciones urgentes para que los proyectos de infraestructura se conviertan en un motor efectivo de bienestar para la ciudadanía.
“El presupuesto del Estado no es suficiente para cubrir las necesidades de infraestructura que requiere México. Tenemos que reconocer que la magnitud de las carencias y de los retos en conectividad, movilidad, energía y servicios públicos demanda mucho más de lo que el erario puede aportar. Por eso, es indispensable que impulsemos esquemas de coinversión público-privada, que nos permitan multiplicar los recursos, compartir los riesgos y acelerar la realización de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional”, comentó.
El legislador remarcó que la infraestructura debe entenderse más allá de la obra física, como un servicio esencial para garantizar derechos, elevar la competitividad y promover el desarrollo social.
“Un hospital, una carretera, un sistema de transporte o un proyecto energético no tienen sentido si no cumplen con la función de acercar servicios de calidad a la población. La infraestructura debe ser la columna vertebral de una estrategia de bienestar para las próximas décadas”, sostuvo.
Respecto a la agenda energética, insistió en la interdependencia entre ambos frentes y en las posibilidades abiertas por reformas recientes hacia un modelo más limpio y soberano: “Hoy contamos con mejores condiciones para impulsar la transición energética, garantizar la soberanía del sector y construir un país con servicios asequibles, limpios y accesibles para todos. La infraestructura y la energía deben caminar de la mano para asegurar un bienestar integral”.
A lo largo de las intervenciones, distintos ponentes coincidieron en fortalecer la planeación de largo plazo con proyectos que trasciendan administraciones y coyunturas, además de establecer reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos de rendición de cuentas para que la participación privada contribuya al desarrollo nacional sin poner en riesgo el interés público.
Otro eje fue la necesidad de descentralizar los beneficios, evitando la concentración en grandes ciudades y extendiendo los proyectos a comunidades rurales y zonas marginadas.
El encuentro cerró con el llamado a convertir la iniciativa de Ley en un instrumento de transformación capaz de movilizar recursos, atraer inversión, apuntalar la transición energética y, sobre todo, colocar a la ciudadanía en el centro de la política de infraestructura.
Entre los asistentes se encontraron Miguel Sergio Silíceo Valdespino, Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP; Dr. Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex; Ing. José Antonio Hurtado, director general de Cox Energy en México; Lic. Valeria Vázquez Maulén, Socia de Venture-Lex; Lic. Ariel Ramos Marcín, Transactional International Lawyer, Energy & Infrastructure; Ing. Luis Méndez Jaled, presidente de la Comisión de Infraestructura del CCE y presidente nacional de la CMIC; y, en la clausura, el Lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.