El aumento a la tarifa del transporte público y la puesta en marcha de la llamada “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, operada por la empresa Servicios Broxel, detonaron nuevas protestas ciudadanas en el centro de Guadalajara. Decenas de personas se manifestaron este fin de semana para exigir que se cancele el ajuste al pasaje, que subirá de 9.50 a 14 pesos, así como el modelo que condiciona el acceso al subsidio al uso de un plástico administrado por una empresa privada.
La movilización formó parte de la séptima protesta registrada en lo que va de enero contra el llamado “tarifazo”, previsto para entrar en vigor a partir de abril. Durante el recorrido, los inconformes realizaron mítines en distintos puntos del centro histórico, donde llamaron a no tramitar la tarjeta vinculada a Broxel y cuestionaron la obligación de entregar datos personales y biométricos para acceder a la tarifa preferencial.
“Nos están obligando a aceptar una tarjeta privada para poder pagar menos, cuando el transporte es un servicio público”, señaló uno de los manifestantes. Otros participantes advirtieron que el registro obligatorio y la aceptación de términos y condiciones excluyen a amplios sectores de la población del subsidio estatal.
El incremento de 47% fue publicado el 27 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. De acuerdo con el esquema aprobado, quienes paguen en efectivo deberán cubrir 14 pesos por viaje, mientras que los usuarios que cuenten con la Tarjeta Única podrán pagar 11 pesos. En el caso de estudiantes, la tarifa se fija en 5 pesos, también sujeta al registro en el sistema administrado por Broxel.
Servicios Broxel opera como Sociedad Financiera Popular (Sofipo). En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la sancionó por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero. A pesar de ese antecedente, el gobierno de Jalisco le otorgó un contrato vigente hasta 2030 que contempla un pago mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa, con un tope de hasta cinco millones de plásticos, lo que podría representar más de 300 millones de pesos anuales de recursos públicos.
El contrato establece además la obligación para el gobierno estatal de cubrir al menos 40% del total de tarjetas, incluso si no se utilizan, lo que garantiza a la empresa ingresos mínimos cercanos a 11 millones de pesos mensuales. A ello se suman cargos directos a los usuarios por reposición de tarjeta, transferencias y aclaraciones.
El rechazo al aumento también tomó la vía legal. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco habilitó la plataforma “¡Fírmale!” para promover un referéndum contra el ajuste tarifario. Hasta el 22 de enero, el sistema acumuló más de 14 mil 600 firmas digitales, cifra que supera en más de 300% el mínimo requerido, además de miles de apoyos recabados en formato físico y entregados ante el propio organismo electoral.
Colectivos y activistas alertan que el impacto del incremento recaerá principalmente en los sectores más pobres y en las zonas periféricas del estado, donde los traslados diarios requieren el uso de dos o más unidades de transporte para acudir al trabajo o a la escuela.
Los organizadores de las protestas anunciaron que las movilizaciones continuarán en las próximas semanas y que recurrirán a más acciones legales para frenar tanto el aumento a la tarifa como el esquema que condiciona el subsidio público a la entrega de datos personales de millones de usuarios a una empresa privada.
AATG