La advertencia de un mantenimiento nocturno en el sistema de tarjetas operado por Broxel encendió señales de alerta entre policías del estado de Jalisco. El aviso, difundido por la empresa, informó que entre las 00:00 y las 5:00 horas no habría servicio ni en la tarjeta física ni en la plataforma digital, por lo que recomendó anticipar consultas de saldo y dispersiones.
Aunque el mensaje se presentó como un procedimiento técnico ordinario, para varios elementos de seguridad el anuncio reabrió heridas recientes. Aún pesa el antecedente de Saymoc, firma que operó plásticos asociados a BZ Capital y que acumuló fallas que derivaron en bloqueos de cuentas. En aquel episodio, policías reportaron imposibilidad para disponer de sus recursos y una comunicación institucional limitada. El contrato terminó cancelado por presuntas irregularidades y permanece sin aclararse el destino de aproximadamente 480 mil pesos correspondientes a saldos de los uniformados.
Las inquietudes no se circunscriben a la corporación policial. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) pidió a sus afiliados no entregar datos personales adicionales mediante la aplicación o el portal de la empresa. El sindicato puntualizó que el esquema no contempla comisiones ni para trabajadores ni para la casa de estudios, pero llamó a actuar con cautela frente a solicitudes de información extra.
Entre usuarios también circulan reportes sobre limitaciones operativas. Algunos señalaron que la tarjeta no funciona en todos los comercios si antes no se activa una opción específica dentro de la aplicación móvil, requisito que generó desconcierto y dudas sobre la claridad del servicio.
El escenario se complejiza por los señalamientos públicos en torno a la participación de Broxel en programas estatales. Diversos reportes periodísticos refieren investigaciones federales relacionadas con la operación de la Tarjeta Única en Jalisco, instrumento utilizado para pagos de servicios y entrega de apoyos gubernamentales.
A la par, estimaciones difundidas en medios nacionales calculan que el modelo de cobro por transacción en el sistema de transporte podría representar ingresos de hasta 16 millones de pesos mensuales para la compañía, cifra que alimenta el debate sobre la dimensión económica del contrato.
Especialistas en transparencia y protección de datos sostienen que la incorporación de plataformas financieras privadas a la administración de recursos públicos exige reglas claras, supervisión efectiva y garantías sólidas sobre el resguardo de información personal.
Mientras tanto, entre policías y otros trabajadores del sector público prevalece una exigencia concreta: acceso seguro a sus ingresos y certeza jurídica sobre el manejo de sus datos. La experiencia previa con proveedores fallidos dejó un precedente que hoy condiciona la percepción sobre cualquier interrupción o ajuste técnico en el sistema.
AATG