La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC) hizo un llamado al gobierno federal y al poder Legislativo para detener la iniciativa de cobrar un derecho migratorio de 42 dólares a pasajeros de cruceros que arriben a México.
De implementarse, esta medida colocaría a los puertos turísticos mexicanos entre los más caros del mundo, afectando severamente la competitividad del país frente a los destinos del Caribe.
AMANAC respalda la postura de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), en el sentido que este nuevo gravamen provocará un cambio en las rutas de las principales líneas de cruceros a partir de 2026, con una importante reducción en los arribos de buques.
Es un hecho que el incremento en costos migratorios, elevaría los gastos de desembarque en hasta un 213 % en comparación con otros puertos de la región, alejando a México del mercado turístico global.
Actualmente, los pasajeros de cruceros llegan bajo el régimen de exención de tránsito, conocido como DNR (Derecho de No Migrante). Sin embargo, la eliminación de esta exención y la imposición del nuevo derecho, combinado con el gravamen estatal de 5 dólares, incrementaría el costo total a 47 dólares por pasajero. Este cambio pone en riesgo la competitividad de los puertos mexicanos, así como los beneficios económicos generados por la industria.
El sector de cruceros aporta aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales en gastos directos, genera más de 20,000 empleos y contribuye con más de 200 millones de dólares en salarios. De implementarse la medida, México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de 3,300 escalas de buques en 2025, impactando directamente a las economías locales de los puertos turísticos y a miles de pequeños proveedores y empresas nacionales.
Por ello, la AMANAC exhorta al gobierno y al Senado a revertir esta medida incluida en la Ley de Ingresos, ya que no solo amenaza los empleos y los ingresos fiscales generados por el turismo de cruceros, sino también beneficia a los puertos caribeños donde los costos de desembarque serían, en promedio, tres veces menores que en México.
Es un hecho que la implementación de este impuesto en los próximos 45 días, desviaría el flujo de pasajeros hacia otros destinos más competitivos, comprometiendo el desarrollo económico y la sostenibilidad de los puertos turísticos del país.