El Órgano de Administración Judicial (OAJ), presidido por Néstor Vargas Solano, aprobó la adquisición de 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos mediante un procedimiento de adjudicación directa. En los expedientes oficiales no figura un estudio del parque vehicular ni un análisis de mercado que explique la ausencia de una licitación pública. Los registros federales tampoco identifican al proveedor que recibió el contrato.
El Pleno del OAJ señaló que la decisión obedece al deterioro y a fallas constantes de las unidades asignadas al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el comunicado emitido el 23 de enero no incorpora evaluaciones técnicas, financieras u operativas que respalden la necesidad de la compra ni la modalidad de contratación elegida.
Fuentes internas del propio órgano administrativo refieren que el contrato benefició a la empresa Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos. La firma habría suministrado los vehículos para funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Del total de unidades adquiridas, 124 corresponden a modelos híbridos y eléctricos. La documentación disponible no precisa los costos asociados al suministro de energía ni las condiciones para su operación. A ello se suma la falta de infraestructura para la instalación de cargadores, situación que, según un trabajador del Órgano de Administración Judicial, persiste en las instalaciones.
Jet Van Car figura como una empresa con antecedentes en la contratación pública desde gobiernos vinculados al panismo y consolidó su expansión durante el sexenio de Felipe Calderón. Entre 2010 y 2026, la compañía obtuvo 825 contratos federales que superan los 19 mil 384 millones de pesos, conforme a información del sistema Compras MX.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la empresa enfrentó una inhabilitación por incumplimientos contractuales. Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades de carácter millonario en sus operaciones y notificó al Servicio de Administración Tributaria para la revisión de posibles faltas fiscales.
AATG