Nuevas Retenciones Fiscales Perjudican Economía Digital Mexicanas, IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aseguró que la propuesta de reforma que establece nuevas retenciones fiscales sobre ingresos brutos en plataformas digitales, representa un punto de inflexión para la economía digital mexicana.

En un comunicado, añadió que si bien el objetivo de fortalecer la recaudación es legítimo, el diseño actual de la iniciativa genera preocupaciones técnicas, económicas y jurídicas que deben ser atendidas con urgencia.

El comercio electrónico representa el 6.4% del PIB nacional y sostiene más de un millón de PyMEs. Imponer retenciones del 2.5% de ISR y 8% de IVA sobre ingresos brutos, sin considerar márgenes operativos ni estructura de costos, pone en riesgo la liquidez, la formalización y la sostenibilidad de este sector.

“En el comercio minorista, los márgenes netos oscilan entre 2% y 5%. Bajo el nuevo esquema, las retenciones superarían en más de tres veces las utilidades netas, obligando a las empresas a financiar operaciones mediante deuda y acumulando saldos a favor que tardan meses en recuperarse”, de acuerdo con el organismo.

Siempre según el IMEF este efecto no se limita a las PyMEs. Las plataformas globales enfrentarán costos millonarios para adaptar sus sistemas, lo que podría desincentivar la inversión extranjera directa en tecnologías digitales, que en 2024 superó los US$20,000 millones. La reforma, lejos de impulsar la formalización, amenaza con generar un retroceso masivo en la economía digital.

Riesgos tecnológicos y de gobernanza digital

La obligación de interconexión permanente entre sistemas gubernamentales y privados introduce vulnerabilidades críticas. México ha enfrentado incidentes graves de ciberseguridad en el SAT y el IMSS. Repetir estos errores en un entorno de acceso en tiempo real amplifica el riesgo exponencialmente, comprometiendo la integridad de plataformas y datos sensibles de millones de usuarios.

Además, la propuesta carece de salvaguardas judiciales y mecanismos de control que garanticen proporcionalidad y legalidad. El acceso irrestricto a sistemas privados sin orden judicial contraviene principios constitucionales y estándares internacionales como el GDPR de la Unión Europea, la CCPA en Estados Unidos y los marcos de la OCDE y APEC. Ninguna economía avanzada permite acceso permanente a sistemas privados sin control judicial.

Comparativa internacional

Las economías líderes han enfrentado el reto de fiscalizar la economía digital sin comprometer la innovación ni vulnerar derechos. Francia aplica un impuesto del 3% sobre ingresos digitales, complementado con auditorías. Estados Unidos exige órdenes judiciales para acceder a datos privados. México, en contraste, propone medidas invasivas que generan incertidumbre regulatoria y erosionan la confianza del mercado.

Proyecciones para PyMEs

Una empresa con ventas mensuales de $500,000 y margen neto del 3% tendría una utilidad de $15,000. Bajo el nuevo esquema, pagaría $52,500 en retenciones, generando una brecha financiera insostenible. Esta distorsión afectaría la liquidez, incrementaría la carga administrativa y desincentivaría la digitalización y la formalización.

Recomendaciones del IMEF

El IMEF considera que la reforma, en su diseño actual, es técnicamente inviable y financieramente regresiva. Recomendamos:

1. Establecer una mesa técnica interinstitucional con el SAT, AMITI, AIMX y representantes del sector privado.

2. Incorporar una evaluación de impacto económico, protocolos de ciberseguridad y mecanismos proporcionales alineados con estándares internacionales.

3. Diseñar esquemas diferenciados por tamaño empresarial, evitando cargas desproporcionadas para startups y PyMEs.

4. Convocar un foro legislativo con participación de jóvenes emprendedores, especialistas fiscales y representantes del ecosistema digital, para construir soluciones conjuntas que fortalezcan la fiscalización sin sacrificar la innovación.

El IMEF reafirma su compromiso con la transformación digital responsable y la protección de la competitividad nacional, proponiendo un marco regulatorio que armonice recaudación fiscal con innovación tecnológica.

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