La Cámara de Diputados analizará este martes la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para elevar de 30 a 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a juegos con apuestas y sorteos, presenciales y en línea, como parte del Paquete Económico 2026. El gobierno proyecta que la medida permitirá recaudar más de 5 mil millones de pesos el próximo año, un incremento de 35% respecto a lo estimado para 2025.
El dictamen pasará primero por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el morenista Carol Antonio Altamirano, antes de ser sometido al pleno. De aprobarse, entraría en vigor el 1 de enero de 2026 e incluiría plataformas extranjeras, que podrían ser bloqueadas temporalmente en caso de incumplimiento.
El documento entregado por el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señala que la tasa actual es baja frente a otros países y busca alinear la carga fiscal de la industria con estándares internacionales.
Especialistas y representantes del sector advirtieron que el incremento podría afectar la viabilidad de los operadores legales y favorecer la informalidad. “La medida puede fomentar la informalidad y terminar recaudando menos”, coincidieron analistas. El sector calcula que cerca del 60% del mercado de juegos en línea opera de manera ilegal, con alrededor de 4,500 sitios no regulados, lo que implica evasión fiscal y debilita las políticas de juego responsable y control de edad aplicadas por la Secretaría de Gobernación.
La operación formal del sector genera más de 10 mil millones de pesos en contribuciones fiscales y mantiene más de 60 mil empleos directos y 144 mil indirectos. México se encuentra entre los mercados de iGaming más grandes de América Latina; el segmento en línea podría alcanzar ingresos anuales de 3 mil 700 millones de dólares hacia 2028, con una tasa de crecimiento superior al 15%, mientras que solo las apuestas deportivas podrían superar los 1,740 millones de dólares.
Hacienda también menciona un objetivo extrafiscal: reducir riesgos asociados a la ludopatía y destinar recursos adicionales a programas de salud. Sin embargo, fiscalistas consideran que el propósito es principalmente recaudatorio, similar al aumento del IEPS en bebidas saborizadas, cigarros y videojuegos violentos. “A mayor carga impositiva, menor recaudación”, advirtieron representantes de la industria, quienes insisten en revisar la legislación vigente desde 1947 antes de aplicar un nuevo gravamen.
El dictamen contempla sanciones y suspensión temporal de operadores que no acrediten el pago de impuestos, con el objetivo de transparentar ingresos y reducir riesgos de lavado de dinero. Especialistas alertan que aprobar el aumento sin distinguir entre operadores legales e ilegales premiará la informalidad y castigará a quienes cumplen. La votación se realizará esta semana, y de aprobarse, el dictamen se turnará al Senado antes del 31 de octubre.
AATG