Los exservidores públicos que ganen arriba de 70 mil pesos mensuales tendrás que aceptar una reducción de sus ingresos para obtener esta prestación, es decir el monto representa el 50% de lo que gana la actual presidenta de la república.
Lo anterior se establece en el dictamen por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, que ayer lo aprobó el pleno de la Cámara de Diputados.
Con ello se piensa terminar con las llamadas pensiones doradas, en las cuales muchos exburocratas reciben más de un millón de pesos mensuales por concepto de retiro. En algunos casos ni siquiera habían trabajado un quinquenio en sus empresas.
El documento, avalado por la mayoría de los diputados, argumenta que es necesario establecer un límite constitucional a los esquemas de las jubilaciones y pensiones de los y las exservidoras públicas.
Lo anterior porque las actuales autoridades están aplicando una política de austeridad, eficiencia y honradez en el uso de los recursos públicos, y que, el artículo 127 de la Constitución Federal, establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.
Además, el crecimiento del gasto de las pensiones en el sector paraestatal, “… han derivado en compromisos presupuestarios que afectan la capacidad financiera de los entes públicos que los sostienen… “.
Así, por ejemplo, actualmente el padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), cuenta con un total de 14, 073 extrabajadores, por los cuales se paga un monto anualizado de 28, 07 4 mdp (veintiocho mil setenta y cuatro millones de pesos). En términos reales, los jubilados de LyFC reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional.
Otro ejemplo es que Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuenta con un padrón de 22,316 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anua/izado de 24,844 mdp (veinticuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro millones de pesos). Esto se traduce en que los pensionados de PEMEX reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.
Por citar otros ejemplos, Nacional Financiera (NAFIN) cuenta con un padrón de 1, 449 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por las cuales se paga un monto anua/izado de 643 mdp (seiscientos cuarenta y tres millones de pesos).
Mientras que Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) cuenta con un padrón de 1,521 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anuo/izado de 1,029 mdp (mil veintinueve millones de pesos).
En contraste, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Pensión Mínima Garantizada asciende a un salario mínimo de la Ciudad de México.
Esta situación pone en evidencia que ex servidores públicos de diversas entidades paraestatales perciben remuneraciones que superan ampliamente el promedio nacional.
Esta restricción es extensiva a quienes son servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público.
De acuerdo con el dictamen, el mismo surge bajo la necesidad de establecer un límite claro y uniforme sobre el uso de los recursos públicos destinados a las remuneraciones por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión de las personas servidoras públicas.
Según el documento, lo anterior resulta contrario al principio de austeridad republicana, pues, sin duda, las jubilaciones y pensiones que superan ampliamente los parámetros constitucionales en materia de remuneración conllevan a mantener un esquema que se aparta de los principios de proporcionalidad, equidad y racionalidad presupuestaria del gasto público.
Cuando esto ocurre, se desvirtúa el propósito original de garantizar una vida digna después de la etapa laboral, por lo que también se coincide con la titular del Poder Ejecutivo, que no puede convertirse en un mecanismo de “… generación de privilegios ni de percepciones desproporcionadas financiadas con recursos del Estado… “.
Cuando la vida digna del servidor público se transforma en privilegios financiados por todas y todos, se pierde la causa de protección económica para los trabajadores mexicanos.
El gasto público se desvirtúa cuando es concedido para atender el beneficio individual por encima del bienestar colectivo, de acuerdo con el dictamen.